REVÉS PARA MILEI
La Justicia declaró inconstitucional el Decreto que limitaba el derecho a huelga
La sentencia de la Justicia ha dado lugar a un contundente respaldo al derecho de huelga, al declarar inconstitucional el reciente Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) impulsado por el gobierno de Javier Milei. Este fallo representa no solo una victoria judicial significativa para los sindicatos, sino que también remarca las limitaciones legales del Poder Ejecutivo al intentar ampliar las restricciones sobre este derecho fundamental de los trabajadores.
El juez a cargo, Moira Fullana del Juzgado Nacional del Trabajo, detalló que el Decreto 340/2025, especialmente sus artículos 2 y 3, violan abiertamente la Constitución Nacional al intentar redefinir qué constituye un "servicio esencial". Según la normativa oficial, se incorporaban nuevos sectores bajo esta denominación, afectando directamente la capacidad de los trabajadores para organizar huelgas sin comprometer las guardias mínimas. Este paso incluía a sectores como la marina mercante, que anteriormente no se encuadraban bajo estrictas restricciones.
Este veredicto se produce tras un recurso de amparo presentado por la Confederación General del Trabajo (CGT). La organización destaca que dicho Decreto no solo reducía la capacidad de organización de huelgas, sino que contradice acuerdos laborales internacionales que respaldan la acción sindical independiente, como los establecidos en el Convenio número 87 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
El fallo subraya que el DNU se promulgó sin que existieran las situaciones extraordinarias necesarias para legislar por decreto. En este contexto, la sentencia señala la ausencia de justificación por parte del Ejecutivo sobre la “necesidad y urgencia” de tales medidas, un aspecto crucial cuando el Congreso Nacional se reúne regularmente y está en funcionamiento para llevar a cabo el debido proceso legislativo.
Finalmente, la jueza advierte que, además de ampliar ilegalmente los llamados "servicios esenciales", el Decreto no respetó los procesos post-emisión normales, al no haber sido revisado de manera adecuada por la Comisión Bicameral Permanente.
Este es un recordatorio significativo de los límites que enfrenta el Poder Ejecutivo, incluso bajo apremiantes circunstancias. La sentencia también ayuda a sustentar otras acciones legales de la CGT, que busca rebatir acciones gubernamentales previas diseñadas para modificar unilateralmente los derechos laborales sin recurrir a los cauces legislativos tradicionales.
