La CGT presentó un amparo ante la Justicia para frenar el DNU que limita el derecho a huelga
La Confederación General del Trabajo (CGT) se ha plantado firmemente ante el Gobierno, llevando su voz al ámbito judicial. Bajo la premisa de defender uno de los pilares esenciales del trabajo organizado, la central gremial interpuso una acción de amparo sindicacional con el objetivo urgente de declarar inconstitucional un reciente Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) emitido por el Ejecutivo.
El miércoles 21 de mayo marcó un punto de tensión cuando el Gobierno anunció un DNU que ampliaba las actividades esenciales, incluyendo al transporte de cargas y personas, la educación y las telecomunicaciones, imponiendo que en situaciones de huelga se garantizase al menos un 75% de los servicios. Este movimiento gubernamental, percibido por muchos sectores como una clara estocada al derecho a huelga, no ha tardado en suscitar respuestas encendidas en todas las esferas del diálogo social.
El controvertido DNU instaura un marco de actividades de "importancia trascendental", exigiendo la continuidad mínima del 50% de los servicios durante las huelgas. Entre los afectados se incluyen vastos sectores como la industria alimentaria, la metalúrgica, la construcción, los bancos y hasta los locales comerciales y gastronómicos, extendiéndose este criterio a todos los vértices involucrados en exportación. Este tipo de acciones, para los líderes sindicales, no hacen sino debilitar el arco de protección que la legislación ofrece a los trabajadores.
El conocido líder sindical y co-titular de la CGT, Héctor Daer, mantuvo una reunión con el jefe de gabinete, Guillermo Francos, en medio de la tempestad política, teniendo como marco, al menos formalmente, la discusión sobre las prestaciones del Hospital Naval. No obstante, fuentes allegadas aseguran que se anticipó al Gobierno sobre la inevitable acción judicial que el sindicalismo tomaría en respuesta al controvertido decreto.
En su alegato, la CGT subrayó que este DNU vulnera lo estipulado en el artículo 14 bis de la Constitución Nacional, así como normativas internacionales como los Convenios 87 y 98 de la OIT y tratados sobre derechos humanos que reconocen y promueven la libertad sindical y el derecho a huelga. Es más, tildan de irregular la promulgación del decreto, dado que no cumple con las condiciones de excepcionalidad exigidas por la Constitución, poniendo en entredicho toda tentativa de modificar derechos laborales por la vía del DNU.
Alzando su voz, la CGT agrega que, despojar de fuerza al derecho a huelga, no es solo minar la capacidad de negociación colectiva sino instaurar un clima de relaciones laborales injustas. "Esto es un atentado contra el equilibrio de poder en el ámbito laboral", concluyeron los dirigentes.
