Provinciales
Avanza el proyecto Vaca Muerta Sur: Río Negro firmó un acuerdo con empresas del sector energético
El acuerdo firmado entre el Gobierno de Río Negro y el consorcio VMOS SA da luz verde al megaproyecto Vaca Muerta Sur, que promete transformar el mapa energético de la provincia. La iniciativa contempla la construcción de un oleoducto de 470 kilómetros desde Allen hasta Punta Colorada, en Sierra Grande, e incluye la instalación de terminales de exportación de crudo tanto en tierra como en el mar. Con una inversión privada que supera los 2.500 millones de dólares, se trata del desembolso más alto en la historia de Río Negro por parte del sector empresarial.
El consorcio VMOS SA está integrado por las principales compañías del sector hidrocarburífero: YPF, Pan American Energy, Vista, Pampa Energía, PyG, Pluspetrol, Chevron y Shell. Ellas tendrán a su cargo el financiamiento, construcción y operación de la obra, que atravesará 13 ejidos municipales y consolidará un nuevo corredor energético desde el Alto Valle hasta la costa atlántica.
El acuerdo también establece compromisos económicos concretos. La Provincia recibirá un aporte único de 60 millones de dólares dentro de los 60 días posteriores a la firma del convenio. Estos fondos estarán destinados al desarrollo territorial mediante obras de infraestructura, mejoras institucionales y programas locales distribuidos en distintas regiones del territorio rionegrino.
Además, a partir de 2026, el consorcio deberá aportar anualmente 40 millones de dólares durante un período de 13 años. Este fondo comunitario será destinado a financiar programas sociales, educativos, culturales y de fortalecimiento municipal. La idea es asegurar que los beneficios del proyecto tengan un impacto sostenido y territorialmente distribuido.
El uso de la infraestructura portuaria en Punta Colorada también generará ingresos permanentes para la provincia. Las empresas deberán pagar un canon anual de 14 millones de dólares por la utilización de los espacios públicos en esa zona. A eso se suman tasas específicas vinculadas al control, la fiscalización y la gestión ambiental, con el objetivo de sostener tareas permanentes de supervisión operativa y del cumplimiento de normas en la infraestructura crítica.
El monitoreo ambiental tendrá un rol destacado. La vigilancia sobre el ecosistema del Golfo San Matías será constante y contará con la participación de organismos científicos como INVAP, universidades públicas y entidades técnicas especializadas. El objetivo es aplicar estándares internacionales de protección ambiental en todo el desarrollo del proyecto.
Uno de los aspectos centrales del convenio es la previsibilidad fiscal. Se pactó una estabilidad impositiva por 30 años, lo que busca garantizar confianza a largo plazo para las inversiones. No obstante, se preserva la autonomía provincial en lo referido a cuestiones ambientales, laborales y de desarrollo económico.
Por último, el Gobierno rionegrino asumió el compromiso de facilitar el desarrollo del proyecto a través de la cesión de tierras para la traza del oleoducto y la terminal portuaria, así como mediante la transferencia de los permisos ambientales ya otorgados. Estas medidas apuntan a agilizar los plazos y asegurar el cumplimiento normativo sin demoras burocráticas.
