Inimputable, pero bajo vigilancia: ¿Por qué ordenaron la internación forzosa de Tura, el autor del crimen de Sabina?
Aunque fue declarado inimputable por el crimen de Antonela Sabina Silva, Lucas Ariel Tura no quedará libre. El juez que interviene en la causa ordenó su internación involuntaria en un centro de salud mental, con vigilancia policial, monitoreo electrónico y controles médicos periódicos.
El abogado de la familia de Sabina, Damián Torres, informó que pidieron, en la audiencia realizada en Roca el jueves, que el juez solicite a la justicia Federal que investigue el origen de las drogas que se encontraron tanto en el cuerpo del imputado como en el de la víctima. Se hizo lugar a ese pedido y el juez ordenó cursar los testimonios al ámbito Federal.
El informe médico determinó que, al momento del crimen, Tura padecía un trastorno psicótico inducido por consumo agudo de cocaína y alcohol, lo que le habría impedido comprender la criminalidad del hecho o actuar con dominio de su voluntad. Esta conclusión, informó ANR, fue firmada por la psiquiatra forense Verónica Martínez y respaldada por una junta médica interdisciplinaria integrada por el forense Ariel Bustos y el psicólogo Ariel Battcock.
Ante la imposibilidad legal de imponerle una pena de prisión, el juez resolvió aplicar una medida de seguridad prevista por la Ley Nacional de Salud Mental (Nº 26.657). Tura deberá permanecer internado por al menos un año en el área de salud mental del Hospital Arístides Zatti de Viedma, bajo custodia policial, y será trasladado más adelante a un centro especializado en adicciones cuando se libere un cupo. Su situación será evaluada cada seis meses por pericias médicas, y la medida podrá extenderse indefinidamente si se detecta riesgo psicosocial.
Pero la resolución no terminó ahí: el juez ordenó también remitir actuaciones a la Justicia Federal para que investigue quiénes suministraron o facilitaron el acceso a las sustancias tóxicas que estaban presentes en el cuerpo del acusado y también en el de Antonela. Este punto, que hasta ahora no había sido destacado públicamente, podría abrir una nueva línea de investigación sobre el entorno y las condiciones en que ocurrió el crimen.
La única diferencia entre las partes fue el tiempo mínimo de internación. Mientras la fiscalía y la defensa aceptaron el plazo de un año, la querella —en representación de la madre de Antonela— pidió que se fije una duración mayor, en función del riesgo que representa el imputado y de la gravedad del caso.
Una persona declarada inimputable no recibe una pena penal, pero puede ser privada de su libertad mediante una internación involuntaria en un centro de salud mental o de rehabilitación, siempre que exista riesgo para sí o para terceros. La Ley Nacional de Salud Mental establece controles médicos obligatorios y revisiones judiciales periódicas. La internación no tiene plazo fijo: puede prolongarse en el tiempo si los informes profesionales lo justifican.
