Investigan el hackeo a las Fuerzas Armadas que filtró información de 50.000 efectivos
El reciente hackeo sufrido por las Fuerzas Armadas ha encendido las alarmas en el seno del Ejecutivo debido a la comprometedora naturaleza de la información filtrada. Más de 50,000 datos personales de agentes militares han sido indebidamente revelados al público, incluyendo datos sensibles como los Documentos Nacionales de Identidad (DNI), lugares de servicio, registros de viaje, domicilios familiares, e incluso diplomas y certificados. La gravedad del incidente llevó a que la justicia fuese incluida en la resolución del caso, impulsada por una denuncia formal iniciada por el propio Ejército.
La respuesta inmediata por parte del Gobierno ha sido la puesta en marcha de un equipo combinado liderado por el Ministerio de Seguridad, bajo la dirección de Patricia Bullrich. Este grupo trabaja estrechamente con las áreas de ciberdefensa y seguridad informática de las Fuerzas Armadas, a fin de esclarecer las circunstancias y minimizar el impacto del acesso ilícito. Las fuentes oficiales subrayaron que los protocolos tajantemente fijados para la protección de la información ya han sido reforzados, mientras se adoptan medidas adicionales sobre el régimen de accesos a los sistemas afectados.
El ejercicio del seguimiento sobre estos datos ha causado no poca sorpresa dentro de las autoridades del Ejecutivo, cuyo desconocimiento de la publicación en línea de la información potenció aún más el estado de alerta en los estamentos de poder. En la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), dirigida por Sergio Neiffer con la colaboración del jefe de operaciones, Diego Kravetz, se extendió la jornada de trabajo para poder interiorizarse del avance y hallar respuestas sobre el incidente de ciberseguridad.
Desde algunas vertientes dentro del oficialismo se ha planteado la probabilidad de que la situación ya esté bajo la lupa de la Agencia Federal de Ciberseguridad (AFC), conducida por Ariel Waissbein. Esta agencia actúa en coordinación con todas las áreas vitales de seguridad informática del Estado. Bajo la hipótesis oficial, lo extraído se tipificaría como datos meramente administrativos, limitando el daño potencial sobre la integridad operativa de la estructura militar, aunque no resta importancia a la necesidad de una investigación detallada.
Otros actores institucionales, sobre todo del seno del Ejército mismo, exigen que el proceso se priorice con la máxima celeridad y aseguran que se explorarán vías adicionales para extender la denuncia existente y presentar nueva documentación que pueda inclusiva ser de ayuda en el rastreo de culpables. En su comentario oficial a los medios, el Ejército expuso que se encuentran dilucidando la autenticidad y posible origen del incidente a través de investigaciones concentradas.
