El Gobierno habilitó al Ejército y la Armada a detener civiles en la frontera norte

La reciente decisión del Gobierno Nacional de movilizar al Ejército y a la Armada hacia la frontera norte marca una nueva etapa en el fortalecimiento de la seguridad territorial. Esta operación, conocida como “Operativo Roca”, fue implementada para coordinar esfuerzos con la Gendarmería Nacional. Está diseñada para actuar con rapidez ante delitos flagrantes, proporcionando a las fuerzas la autoridad para detener temporalmente a civiles que infrinjan la ley en la región.

La oficialización del “Operativo Roca” tuvo lugar el 15 de abril y se encuentra sustentada en el Decreto 1112/2024 y la Ley de Defensa Nacional. Su diseño contempla un despliegue adaptable, que permitirá que las fuerzas respondan a los distintos desafíos que presenten los entornos cambiantes en las zonas fronterizas. El personal asignado ha recibido una formación exhaustiva, participando en ejercicios prácticos operativos que alinean sus acciones con las 'Reglas de Empeñamiento'. Además, se ha realizado una importante inversión en nuevos equipos de protección individual para mejorar la capacidad de respuesta de las tropas.

Más de 10,000 soldados del Ejército están involucrados en este esfuerzo, con al menos 1,300 posicionados permanentemente en ubicaciones estratégicas. La operación incluye la utilización de tecnología de avanzada, como drones, radares móviles, helicópteros, y un avión Diamond. Este equipo está proyectado para incrementar la vigilancia y mejorar los relevamientos de inteligencia a lo largo de la frontera.

Actuando principalmente en territorios rurales y distantes de los urbanos y pasos fronterizos oficiales, la misión busca recopilar inteligencia crítica para salvaguardar los intereses de seguridad de la nación. Este movimiento ha sido fuertemente respaldado por el Ministro de Defensa, Luis Petri, y se vincula a una articulación de proyectos ya iniciados para fortalecer la frontera norte.

Cabe destacar que la “Operación Roca” se suma a los anteriores esfuerzos del 'Plan Güemes', que desde el año pasado se desarrolla con éxito. Dicho plan, potenciado recientemente, se ha enfocado en áreas claves como Tartagal, Aguaray, y Salvador Mazza. Particularmente este enclave es considerado de alta prioridad debido a sus vulnerabilidades ante amenazas transnacionales.

El marco gubernamental respalda esta estrategia bajo las directrices de la Ley de Defensa Nacional, cuyo objetivo primordial es integrar y coordinar todas las fuerzas para enfrentar desafíos que comprometen la seguridad nacional. La consolidación de estas acciones encuentra soporte adicional en la Ley de Seguridad Interior y otros dictámenes legales que permiten la operación conjunta de las fuerzas armadas y de seguridad.

Desde una perspectiva de seguridad pública, la Ministra de Seguridad Nacional, Patricia Bullrich, ha manifestado un apoyo decidido a estas medidas. En un acto oficial celebrado en el Escuadrón 52 “Tartagal”, Bullrich enfatizó la necesidad de atacar las estructuras del crimen organizado que afectan el bienestar de las comunidades locales: “Estamos decididos a desarticular todas las redes criminales y devolverle la paz a todas las áreas perjudicadas”. En el mismo acto, se resaltó la colaboración binacional con Bolivia, lo que permitirá supervisar y coordinar las interceptaciones aéreas relacionadas al movimiento ilícito desde el país vecino.