Piden dictamen por contrataciones municipales y el presunto incumplimiento de la Ley de Ética Pública
Por una serie de adjudicaciones que realizó el municipio de Regina a una empresa, cuyo titular preside el Consejo Local de Seguridad Ciudadana, Iara Zapata, vocal del Tribunal de Cuentas, pidió un dictamen a la Fiscal Municipal para determinar si no existe violación a le Ley de Ética Pública.
Puntualmente, según indicó la vocal, la empresa de seguridad ganó licitaciones para la provisión de sistemas de seguridad, control de personal y la provisión de luminarias LED.
El titular de la empresa ganadora de las licitaciones preside el Consejo Local de Seguridad Ciudadana, entidad integrada por representantes de diferentes instituciones, vecinos, funcionarios del Departamento Ejecutivo y del Consejo Deliberante, entre otros.
Zapata puntualizó que el pedido dirigido a la Fiscal Municipal es para que dictamine “sobre una presunta transgresión a la Ley de Ética Pública debido a que el presidente del Consejo Local de Seguridad Ciudadana es el proveedor del servicio de seguridad de la municipalidad”.
Al mismo tiempo detalló que la empresa Opciones Informáticas Global SRL, ganó la licitación privada 10/2024 para la instalación del “Centro de Monitoreo para Instalaciones de la Municipalidad de Villa Regina” por un monto de $56.000.000; también ganó el concurso de precios 08/2024 para la “adquisición de 1.000 lámparas LED” por un monto de $11.000.000; y el concurso de precios 16/24 para la “instalación de equipamiento de verificación facial de control de personal municipal, con software de gestión asociado a dicho sistema”, por un monto de $32.000.000.
La vocal del Tribunal de Cuentas agregó que la Ley de Ética Pública, establece restricciones para para ser proveedor del Estado a quienes “presten servicios remunerados o no en el sector público” y que a su vez sean “miembros de directorios, comisiones directivas, acreditarse como representante, gerente, apoderado, asesor técnico o legal, patrocinante o empleado de empresa privada que sean beneficiarias de concesiones o cualquier otra forma de adjudicaciones otorgadas por el Estado Provincial o Municipal y que tengan por esa razón, vinculación permanente o accidental con los poderes públicos”.
Iara Zapata, insistió finalmente que “estoy esperando el dictamen de la fiscal, considero poco ético que el presidente del Consejo de Seguridad sea el que provee estos servicios a la municipalidad”.
