POLÍTICA
Incidentes en el Congreso: la Ciudad de Buenos Aires se presentará como querellante en la causa
El reciente conflicto que tuvo lugar en las proximidades del Congreso de Buenos Aires ha desatado una respuesta contundente por parte de las autoridades de la Ciudad. En medio de una situación tensa que involucra una manifestación de jubilados y aficionados al fútbol, se registraron actos vandálicos que dejaron un saldo considerable de destrozos. Ante estos hechos, el Gobierno de la Ciudad ha decidido tomar medidas legales firmes.
En una entrevista para Radio Rivadavia, el ministro de Justicia de la Ciudad, Gabino Tapia, expuso su postura frontalmente crítica hacia la jueza encargada del caso, Karina Andrade. Tapia acusó a la magistrada de favorecer lo que él designa como un sistema legal más tolerante, orientado hacia lo que define como "garantismo". Tapia sostiene que esta praxis legal protege a aquellos que cometen infracciones y descuida el respeto por la ley de la ciudadanía cumplidora.
El incidente ha sido catalogado por Tapia no sólo como un ataque a las instituciones, sino también como una agresión directa a los ciudadanos de Buenos Aires, a quienes denomina como 'porteños'. Según las estimaciones del funcionario, los daños extendidos por una asociación delictiva que actuó en las inmediaciones del Congreso, cuestan a las arcas de la ciudad un monto que supera los 400 millones de pesos.
Los destrozos comprenden un daño significativo en infraestructura pública y privada: 89 contenedores de basura, patrullas policiales, variedad de motocicletas entre otros fueron los afectados. Según el relato de Tapia, dicho incidente no se limita a un ataque a las instituciones federales del país, sino que también representa un atropello contra los habitantes de la ciudad.
La situación tomó un giro político cuando Tapia cuestionó duramente la decisión judicial que permitió la liberación de los acusados, argumentando que la jueza Andrade terminó con plazos expedientes y usurpó procedimientos formales que correspondían al Ministerio Público para la identificación y acusación formal de los involucrados. No obstante, el derecho a protestar fue esgrimido como argumento por parte de la defensa judicial, un punto ampliamente debatido por el ministro quien cuestiona su legitimidad en este contexto de vandalismo. 'Si liberamos a quien comete estos desmanes, sin una acción judicial definitiva, orientamos al caos legal' expuso.
Finalmente, el ministro culminó indicando que van a seguir el rastro de los causantes de los daños no sólo sobre individuos sino sobre aquellas organizaciones que planearon tales sucesos. Su objetivo es lograr que los culpables respondan patrimonialmente por el daño perpetrado en propiedad pública y privada en una nueva cruzada legal que busca también establecer un precedente legal en lo que denomina el cierre de la "puerta giratoria", una metáfora del panorama judicial flexible identificado por Tapia.
