POLÍTICA
La Corte Suprema rechazó el pedido de licencia del juez Ariel Lijo
El rechazo del pedido de licencia del juez Ariel Lijo por parte de la Corte Suprema de Justicia ha provocado una nueva ola de incertidumbre en la esfera judicial argentina. Los jueces de la Corte Horacio Rosatti, Carlos Rosenkratz, y Manuel García-Mansilla han dictaminado que el juez Lijo no puede asumir su nuevo rol en el máximo tribunal a menos que presente su renuncia al cargo que ocupa en Comodoro Py. Este inesperado revés pone a Lijo en una encrucijada: renunciar a su posición actual o declinar su ascenso a uno de los cargos más influyentes en el sistema judicial.
La controversial decisión de Rosatti, Rosenkratz y García-Mansilla se enfrentó a una votación dividida dentro de la Corte. Ricardo Lorenzetti fue el único de los cuatro jueces que abogó por concederle a Lijo una licencia extraordinaria, lo que habría permitido al magistrado ejercer funciones en ambos puestos simultáneamente. Sin embargo, el voto en contra fue decisivo, resaltando las divisiones internas respecto a las prácticas administrativas y judiciales en el país.
El contexto en el que se da esta decisión es complejo. Recae sobre Lijo la complicada elección de abandonar su tan preciado cargo de juez federal en un contexto incierto, ya que ocupar un sitio en la Suprema Corte sin la seguridad de una extensión más allá de fin de año, podría significar un riesgo profesional. De no recibir el pleno aval del Senado, su nuevo puesto carecería de continuidad, sumando más presión a su indecisión.
A este escenario se suma el reciente decreto del 25 de febrero emitido por el presidente Javier Milei, nombrando a Lijo y García-Mansilla para el puesto en la Corte. Mientras García-Mansilla ya ha jurado en su nuevo cargo la semana pasada, la situación de Lijo aún pende de un hilo y su futuro dependerá no solo de decisiones personales, sino también políticas.
La vacante que persiste en la Corte representa un vacío potencial en la toma de decisiones judiciales de alta importancia. La falta de claridad hasta la fecha está tejiendo un entramado tenso en las relaciones entre las instituciones judiciales y gubernamentales. ¿Será posible resolver esta situación de manera satisfactoria para todas las partes involucradas? Es una pregunta que queda en el aire y señala la necesidad de un juicio común y el entendimiento institucional como elementos críticos en el desenlace de esta situación.
