PAÍS
Jubilación mínima: la ANSES anunció un aumento a partir de marzo
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), anunció un incremento del 2,21% en los ingresos previsionales para el mes de marzo. Este ajuste, que busca mantener el poder adquisitivo de los jubilados frente a la inflación, responde a lo establecido por la política de movilidad jubilatoria vinculada al índice de Precios al Consumidor (IPC). La medida ha sido oficializada a través de la Resolución 145/2025, que establece los nuevos valores para las diferentes categorías de haberes previsionales.
En detalle, el haber mínimo garantizado a partir de marzo será de $279.121,71, mientras que quienes perciban el haber máximo recibirán hasta $1.878.224,89. Esta actualización también impactará en otras prestaciones, como la Prestación Básica Universal (PBU), que se fija en $127.685,44, y la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), establecida en $223.297,37. Estas cifras reflejan el esfuerzo por paliar los efectos de la inflación sobre las economías más vulnerables, procurando que los ingresos de los jubilados y pensionados no queden rezagados frente al elevado costo de vida.
Además de estos aumentos, se han modificado las bases imponibles mínimas y máximas para el cálculo de aportes y contribuciones, que ahora serán de $94.008,14 y $3.055.220,44, respectivamente. Esta actualización es congruente con el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 274/24, que ordena revisiones mensuales de los haberes previsionales para ajustarlos de acuerdo al comportamiento inflacionario del país.
Este aumento, bienvenido por los beneficiarios, no deja de generar distintos puntos de discusión, especialmente en cómo afecta al presupuesto estatal y las posibles tensiones inflacionarias que incrementos consecutivos pueden provocar. Sin embargo, las autoridades argumentan que esta medida es esencial para evitar que los ingresos de los segmentos más vulnerables queden rezagados ante la presión económica. Finalmente, la ANSES también ha delegado la responsabilidad a la Dirección General de Diseño de Procesos y Normas para asegurar que los nuevos valores sean implementados correctamente en el sistema administrativo. Este cambio implicará un ajuste interno, garantizando que tanto el acceso como la distribución de los beneficios sean realizados de acuerdo con la nueva normativa.
