CONTINÚA LA INVESTIGACIÓN
Escándalo Cripto: piden secuestrar los celulares de Manuel Adorni, Milei y su hermana
La justicia argentina se encuentra en medio de una nueva tormenta mediática y política tras el reciente pedido para el secuestro de los teléfonos móviles del presidente Javier Milei, su hermana Karina Milei, y del economista Manuel Adorni en el marco del conocido escándalo cripto vinculado a la criptomoneda $LIBRA. El abogado Gregorio Dalbón, en representación de varios querrellantes, ha formalizado la solicitud ante el fiscal Eduardo Taiano.
La solicitud no es más que una ampliación de la investigación sobre la presunta implicación de figuras de alto perfil en la maniobra criptográfica, que ha sacudido los cimientos de la política y cumple con un propósito claro: permitir un análisis exhaustivo de comunicaciones y archivos digitales que puedan estar relacionados con los hechos sospechosos. "Es esencial preservar la integridad de la evidencia", destaca Dalbón, señalando la necesidad de asegurar la cadena de custodia para garantizar un proceso justo y transparente.
En su presentación, Dalbón aporta pruebas que vinculan a Karina Milei con Mauricio Novelli, uno de los principales sospechosos, y sugiere reuniones privadas entre ambos que podrían aportar luz a la investigación. Este tipo de acusaciones añaden peso al escándalo, especialmente ante las recientes filtraciones de conversaciones de Hayden Davis. Dichas conversaciones aseguran que Davis, socio en el presunto fraude, afirmaba mantener un control sobre el presidente mediante presuntos sobornos dirigidos a su hermana.
El fiscal Taiano, quien actualmente lleva las riendas de la investigación, enfrenta la abrumadora presión de esclarecer un caso que no sólo involucra a la primera magistratura del país, sino también a otros actores de la industria de nueva generación como las criptomonedas, con sospechas de estafa y corrupción.
Con el mundo criptográfico bajo la lupa, muchos esperan que este escándalo sirva como un precedente que refuerce los controles y regule aún más el mercado emergente, evitando así futuros actos de corrupción que afecten tanto la economía como la credibilidad institucional del país.
