PAÍS
Proponen exámenes toxicológicos para funcionarios de los tres poderes
En una propuesta que busca fortalecer el sistema democrático y la confianza en las instituciones gubernamentales, los diputados del PRO y del grupo La Libertad Avanza presentaron un proyecto de ley destinado a establecer pruebas toxicológicas periódicas para los representantes de los tres poderes del Estado. El motor de esta iniciativa es el diputado Gabriel Chumpitaz, acompañado por varios legisladores del PRO y de su aliada política, La Libertad Avanza.
El objetivo del proyecto es claro: asegurar la integridad, la idoneidad y la transparencia de aquellos que tienen en sus manos la redacción, ejecución y cumplimiento de las leyes en el país. Para ello, se busca implementar exámenes que detecten el consumo de una amplia gama de sustancias, desde cocaína y marihuana, hasta psicotrópicos más complejos como metanfetaminas y alucinógenos, con la salvedad de quienes presenten una prescripción médica adecuada.
Los exámenes se realizarán en momentos clave: al inicio de cada mandato y luego, en una base anual para todos los involucrados. Además, habrá controles sorpresa trimestrales para mantener la efectividad del proceso. El procedimiento estará a cargo de laboratorios específicos que garanticen no sólo la seguridad sino también la privacidad.
El tratamiento de los resultados positivos implica un amplio protocolo: en primera instancia, se permite la solicitud de una contraprueba; de confirmarse el positivo, se suspende al funcionario involucrado sin goce de sueldo, en espera de un proceso más exhaustivo. Las decisiones finales recaerán en diferentes instituciones según el poder al que pertenezca el político o funcionario: un comité médico y la Oficina Anticorrupción ejercerán autoridad en el Ejecutivo, mientras que en el Legislativo el paso incluirá la revisión por comisiones de Asuntos Constitucionales que podrían precipitar un juicio político o remoción. En el ámbito Judicial, el Consejo de la Magistratura evaluará los casos de jueces y magistrados.
La concepción de esta iniciativa parte del reconocimiento de programas exitosos adoptados en otros países que han buscado mejorar la confianza pública hacia los órdenes administrativos. Sin embargo, también surgieron réplicas de preocupación en torno a la privacidad y libertad personal de los funcionarios. Los defensores del proyecto sostienen que simboliza un compromiso renovado frente a la ciudadanía, alejándose de prácticas cuestionables del pasado y ofreciendo un modelo de integridad necesario para recuperar la confianza perdida.
