El Gobierno auditará 300 mil pensiones por invalidez y advierte sobre posibles suspensiones
El Gobierno de Javier Milei avanzó con la auditoría de las Pensiones No Contributivas por Invalidez Laboral (PNCIL) al enviar 300 mil cartas documento a beneficiarios de seis provincias: Chaco, Buenos Aires, Tucumán, Mendoza, San Luis y Santa Fe. Se trata de la primera fase de un proceso que revisará un millón de casos en total.
Desde el Ministerio de Salud indicaron que el objetivo es garantizar que los subsidios lleguen solo a quienes realmente cumplen con los requisitos legales. “Estamos comprometidos con la transparencia y la correcta asignación de los recursos del Estado”, aseguraron fuentes oficiales.
La revisión se centra en las pensiones otorgadas durante la administración de Alberto Fernández, con el foco puesto en detectar posibles irregularidades. Según detallaron, los beneficiarios deberán actualizar su documentación médica para certificar su incapacidad laboral. “Quienes no puedan demostrar que cumplen con las condiciones necesarias perderán el subsidio”, explicaron desde la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).
Procedimiento y plazos
Los turnos de citación comenzarán en marzo de 2025 y los beneficiarios tendrán 30 días para presentar sus certificados médicos. La documentación podrá ser enviada de manera digital a través de la Plataforma Trámites a Distancia (TAD), entregada en oficinas de ANSES con turno previo o enviada por correo postal a la sede de ANDIS en la Ciudad de Buenos Aires.
La citación es obligatoria. Aquellos que no puedan asistir deberán justificar su ausencia con al menos 24 horas de anticipación mediante el correo [email protected] o el chatbot de TINA.
Por otro lado, los beneficiarios que deseen renunciar voluntariamente a la pensión podrán hacerlo enviando una nota firmada y una copia de su DNI a ANSES o a [email protected].
Análisis de casos anteriores
El proceso de auditoría comenzó en 2024 tras detectarse anomalías en la asignación de pensiones. En septiembre, un relevamiento en la Ciudad y la Provincia de Buenos Aires sobre 10.900 pensiones reveló que “una gran parte de los beneficiarios no residía en la dirección registrada” y que “menos de la mitad cumplía con los requisitos legales para acceder a las pensiones”.
Desde el Gobierno justificaron la medida como parte de una política de control de gastos y aseguraron que “se busca garantizar que los recursos del Estado lleguen a quienes realmente los necesitan”.
