PAÍS
Reforma del Código Civil y Comercial: el gobierno busca desregular los contratos entre privados
En un movimiento destinado a modificar de manera significativa el panorama legal de la nación, el Gobierno anunció que está finalizando una propuesta de reforma integral del Código Civil y Comercial. Este cambio propuesto pretende disminuir la intervención estatal en los contratos entre privados, permitiendo así una desregulación que busca fortalecer la autonomía en cuestiones de propiedad privada.
El enfoque central de esta iniciativa es facilitar que las partes involucradas en un contrato acuerden términos sin la necesidad de una estricta supervisión gubernamental. Esto se alinea con un impulso hacia modalidades más eficientes y sencillas de resolución de conflictos, tales como la mediación y el arbitraje, para reducir la presión sobre el sistema judicial del país.
La Casa Rosada quiere reducir la regulación en los contratos entre privados y busca reforzar la figura de la propiedad privada. Se trata de cambios en las normas que conciben los títulos II y IV del libro tercero, que contemplan las contrataciones en general y en particular. También quieren reducir los trámites en procesos de sucesiones y divorcios. Las modificaciones las está trabajando el equipo de abogados de la secretaria de Planeamiento Estratégico, María Ibarzabal, que responde al asesor presidencial Santiago Caputo.
Esta reforma no viene sola, ya que es parte de un paquete de medidas que el Ejecutivo ha venido trabajando, particularmente en la modulación de la Ley de Contrato de Trabajo desde mediados de 2024. Este esfuerzo tiene como objetivo transformar fundamentalmente las relaciones laborales, lo que podría incluir opciones de jubilación más flexibles como un sistema privado al estilo de las antiguas Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones (AFJP).
Según declaraciones oficiales, antes de introducir una reforma del sistema previsional, la meta principal es establecer una plataforma laboral más dinámica y adaptada al siglo XXI. Se considera esencial incentivar la formalidad laboral y cubrir un nuevo abanico de contribuidores al sistema de seguro social del país.
