AEROLÍNEAS
Cambios: el Gobierno elimino la obligatoriedad de entidades estatales de usar Aerolíneas Argentinas
El gobierno argentino, en un intento por modificar las reglas del juego en el entorno de las normativas de contratación pública, eliminó la obligatoriedad que recaía sobre las entidades estatales de utilizar los servicios de Aerolíneas Argentinas para sus necesidades de transporte aéreo. Esta decisión reflejada en el Boletín Oficial, representa otro capítulo en la continua saga de desregulación encabezada por el Jefe de Gabinete de Ministros, Guillermo Francos.
Hasta hoy, un amplio abanico de instituciones del sector público se encontraban atadas a la política que las obligaba a inclinarse exclusivamente por la empresa Aerolíneas Argentinas y su filial Austral Líneas Aéreas. Esto se aplicaba con ciertas excepciones. No obstante, este arreglo nació bajo el Decreto 1191/2012 y se mantenía en pie como parte de una normativa que buscaba impulsar un ecosistema de privilegio para la entidad de bandera nacional.
Sin embargo, el panorama comenzó a cambiar con la declaración de emergencia económica del año recién pasado, en la cual la administración inició una exhaustiva revisión de las regulaciones vigentes. Como parte de este esfuerzo por alinear sus operaciones a una economía de mercado más abierta, el Decreto 747/2024 introdujo por primera vez la eliminación parcial de dichas trabas. Ahora, como una consolidación de esas primeras medidas, el reciente artículo 50 del Decreto 70/2023 borra las restricciones que beneficiaban a las aerolíneas estatales, permitiendo que cualquier firma, independientemente de su perfil estatal, pueda competir en el mercado público.
El gobierno sostiene que esta apertura intentará promover la transparencia y estimular la libre competencia entre los proveedores aéreos. Al relajar la restricción de selección de aerolíneas, las entidades ahora podrán comparar opciones, basándose principalmente en la relación costo-calidad, allanando el camino para una optimización del gasto público.
En un contexto más amplio, esta decisión es parte de un giro estratégico mayor que pretende redefinir las dinámicas entre las empresas del Estado y su interacción con el mercado. Permitiendo a su vez, que el Estado cumpla con sus compromisos de eficiencia y diversidad en los servicios que adquiere.
El cambio entrará en vigor este martes, y abarcará a todas aquellas agencias y dependencias comprendidas bajo el artículo 8° de la Ley 24.156.
