Causa por facturas sin autorización: la defensa de la contadora de Regina vinculó la imputación con una estafa por viajes a Europa
La formulación de cargos contra la contadora Carolina Apis por la presunta utilización sin autorización de la clave fiscal de un excliente para emitir nueve facturas electrónicas por casi 40 millones de pesos, generó en las últimas horas una respuesta de su defensa. En diálogo con el diario LCR, el abogado Marcelo Eduardo Hertzriken Velasco vinculó el origen de la denuncia con otra causa judicial que tramita en Cipolletti y en la que uno de los denunciantes se encuentra imputado por una estafa relacionada con un viaje a Europa.
Hertzriken Velasco difundió un descargo luego de la audiencia y sostuvo que la denuncia presentada contra su clienta debe analizarse en el contexto de la relación comercial que Apis había mantenido con el denunciante, Sergio Silva, y de la causa que se encuentra en trámite por el frustrado viaje a Europa, que dejó a más de 50 pasajeros varados hace pocos años.
Según explicó el defensor, Silva había sido cliente del estudio contable de Apis y, además, había participado en la comercialización de los viajes al exterior que posteriormente terminaron en un conflicto judicial que tramita en Cipolletti.
En la versión de la defensa, se remarcó que Apis había sido una de las personas afectadas por el viaje organizado. Velasco sostuvo que Apis le había entregado a quien estuvo al frente de los viajes al exterior una suma de dinero de aproximadamente 50.000 dólares en efectivo para un viaje junto a su familia y que, luego de producirse el conflicto con la empresa que comercializaba los paquetes turísticos por haberla dejado varada en Europa junto a varias personas de la región, se generó la situación que derivó en la emisión de las facturas cuestionadas.
“Le vendió el viaje y le recibió casi 50 mil dólares en mano. Ella le facturó cuando volvió del viaje y luego anuló las facturas”, explicó el abogado en diálogo con LCR Diario.
El abogado explicó que, ante la ausencia de un comprobante por el dinero recibido, la contadora habría emitido las facturas para dejar asentada la operación y posteriormente las anuló. Para la defensa, esa circunstancia no generó un perjuicio económico para el denunciante.
La defensa cuestiona la existencia de un delito
Uno de los principales argumentos planteados por Velasco es que, según su interpretación, no existió un acceso indebido a la clave fiscal porque Apis era la contadora que llevaba los asuntos tributarios de Silva y contaba con autorización para operar con su información fiscal.
“Ellos lo toman como violación de la clave fiscal cuando era su propio cliente. No violó ninguna clave porque no la necesita”, sostuvo el abogado. En este sentido, se remarcó que fue cliente del estudio durante 11 años (período 2013 al 2024). "Después de la estafa del viaje dejó de serlo", se indicó.
La defensa también cuestionó que la investigación provincial avance sobre una cuestión relacionada con facturación y obligaciones tributarias, al considerar que se trata de una materia vinculada con organismos nacionales y que debería intervenir la Justicia Federal.
Velasco señaló además que, según su interpretación, la investigación se inició a partir de la denuncia del hombre y que no se habrían realizado otras medidas de prueba relevantes antes de la formulación de cargos que se llevó a cabo la semana pasada. En ese sentido, cuestionó que no se hubiera requerido, entre otras medidas, información a la entonces AFIP (actual ARCA) para determinar el origen y movimiento de las facturas cuestionadas.
La relación con la causa por el viaje a Europa
El abogado hizo especial hincapié en que Silva es, a su vez, una de las personas involucradas en la causa que tramita en Cipolletti por la presunta estafa vinculada con paquetes turísticos internacionales.
En ese expediente, a fines de septiembre, la Justicia formuló cargos contra él y su hermana por su participación en una serie de maniobras realizadas entre 2023 y 2024 mediante una supuesta agencia de viajes denominada Live Up Trips.
Según la acusación fiscal de aquella causa, distintas personas de Río Negro y Neuquén contrataron viajes y programas turísticos internacionales que finalmente no se concretaron en las condiciones ofrecidas. Algunas de las familias denunciantes quedaron varadas en Europa y debieron afrontar por sus propios medios gastos de alojamiento, traslados y regreso a la Argentina.
Entre las personas afectadas se encontraba Carolina Apis, quien había organizado un viaje familiar para que sus padres, ambos de aproximadamente 80 años, pudieran recorrer distintos lugares de Europa.
En aquella oportunidad, Apis había relatado que llegó a contratar el viaje a través de Sergio Silva, quien era conocido suyo y además había sido cliente de su estudio contable.
La causa que tramita en Cipolletti incluye denuncias de personas de distintas localidades de Río Negro y Neuquén y, según la acusación fiscal, los perjuicios investigados involucran importantes sumas de dinero.
“Es una forma de presión”, sostuvo el abogado
A partir de esa vinculación, Velasco consideró que la denuncia contra Apis por las facturas podría constituir una estrategia destinada a ejercer presión sobre su clienta en el marco de la causa que tramita en Cipolletti.
“Fundamentalmente es una forma de presión por la denuncia penal que se tiene en contra de él”, afirmó el abogado, en referencia al denunciante.
El defensor sostuvo además que se habría intentado negociar la situación anteriormente, pero que esas conversaciones no prosperaron.
Para Velasco, la circunstancia de que el denunciante en la causa contra Apis sea una persona que también se encuentra involucrada en el expediente por el viaje frustrado constituye un elemento central para comprender el origen de la denuncia. “Es una forma de coacción meter la denuncia para negociar”, afirmó.
Desde la defensa también remarcaron que Apis mantiene la presunción de inocencia y que, según su postura, los hechos investigados no configuran delito.
Qué resolvió la Justicia la semana pasada
La formulación de cargos contra Apis fue realizada luego de que la Fiscalía le atribuyera provisoriamente los delitos de acceso indebido a un sistema informático de acceso restringido, agravado por tratarse de un organismo público, en concurso real con falsificación de documento privado.
La acusación sostiene que entre agosto y septiembre de 2024 se emitieron nueve facturas electrónicas a nombre del denunciante por un monto total cercano a los 39,5 millones de pesos, sin que este hubiera autorizado esas operaciones.
Durante la audiencia, la defensa planteó que los hechos se encontraban prescriptos y solicitó el sobreseimiento de la contadora. El planteo fue rechazado por la jueza de Garantías Lorena Belén Chávez, quien dio por formulados los cargos y estableció un plazo de cuatro meses para desarrollar la investigación preparatoria.
Ahora, la defensa anticipó que continuará cuestionando tanto la existencia del delito como la competencia de la Justicia provincial y que, una vez concluida la investigación, evaluará las acciones que considere correspondientes.