2026-09-19
Polémica: el Gobierno propone hasta 12 años de cárcel por desinformar
El oficialismo busca reformar el Código Penal para castigar las campañas masivas, despertando fuertes alertas por censura en el periodismo.
El ingreso al Congreso del proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional encendió las alarmas en el periodismo. Detrás de las medidas para proteger los recursos naturales, el Gobierno coló un polémico artículo para reformar el Código Penal. La iniciativa propone castigar con penas de 5 a 12 años de prisión a quienes realicen "campañas coordinadas de desinformación masiva".
La trampa del texto, según advirtieron entidades como el Foro de Periodismo Argentino (FOPEA), radica en la enorme ambigüedad de la ley. Al no aclarar qué se considera exactamente como "desinformación", la norma le deja la puerta abierta al Poder Ejecutivo para perseguir penalmente cualquier investigación periodística incómoda o crítica política que ponga en duda los datos oficiales del Estado.
Para que la pena sea efectiva, la ley aclara que las personas o medios deben actuar bajo el financiamiento o la orden de un agente extranjero. Sin embargo, diputados de la oposición denunciaron que esta figura suele usarse en regímenes autoritarios para amordazar a la prensa independiente. El temor generalizado es que esto genere un fuerte clima de autocensura por miedo a terminar en un calabozo.
Desde la Casa Rosada defendieron el proyecto asegurando que el verdadero objetivo es frenar "operaciones de influencia externa" que busquen desestabilizar al país, y no perseguir opiniones. En la región, la medida generó ruidos internos debido a que el gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, respaldó la ley por su fuerte defensa de los recursos estratégicos, sin hacer mención a este polémico artículo.
La batalla formal en las comisiones de la Cámara de Diputados de la Nación arrancará la semana del 7 de octubre de 2026. Los bloques opositores ya adelantaron que exigirán cambios drásticos para blindar el trabajo periodístico y evitar que se use la causa Malvinas como pantalla de control ideológico. Con agravantes, la escala de castigos prevista puede estirarse hasta los 15 años de cárcel.
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