Golpe judicial a las obras sociales: ejecutaron fondos por deudas con hospitales públicos de Río Negro
La Justicia de Río Negro confirmó nuevas sentencias firmes y ordenó avanzar con ejecuciones contra distintas obras sociales que no cancelaron las prestaciones médicas brindadas en hospitales públicos. Las medidas buscan garantizar el cobro de servicios de salud que fueron efectivamente otorgados a sus afiliados.
Ahora se ejecutaron fondos de unas siete obras sociales como Mecánicos; de empresarios, profesionales y monotributistas, conductores de transporte colectivo de pasajeros, industria del hielo, seguridad privada, petroleros privados y del turf. Representan en total unos 410 millones de pesos.
El conflicto surge a partir de deudas acumuladas por entidades que utilizaron la capacidad asistencial del sistema público, pero no cumplieron en tiempo y forma con las obligaciones económicas correspondientes.
Ante la falta de pago, el Ministerio de Salud de la provincia con apoyo de la Fiscalía de Estado, se iniciaron reclamos judiciales con el propósito de recuperar los recursos destinados a la atención de pacientes con cobertura.
Los trámites ante el Juzgado en lo Contencioso Administrativo Nº 13 que conduce Julián Fernández Eguía se realizan en el marco de la Ley Provincial Nº 5.754 que establece el Régimen de Recupero de Fondos por Servicios Asistenciales del Sistema de Salud Pública.
Obliga al pago a favor del Ministerio de Salud provincial por los gastos médicos generados en hospitales públicos (atención clínica, quirúrgica, internación, farmacia, traslados, entre otros).
Permite cobrar dichas prestaciones a obras sociales, empresas de medicina prepaga, aseguradoras de riesgos de trabajo (ART) o pacientes que posean cobertura o capacidad contributiva, cuando utilicen la salud pública provincial.
El objetivo es garantizar la sostenibilidad de los hospitales públicos mediante la recuperación de los costos operativos y de insumos. Fue sancionada el 31 de octubre de 2024, promulgada por el Decreto Nº 398/2024 y entró en vigencia el 15 de noviembre de 2024. Durante el inicio de trámites ante la justicia, estas entidades debían alrededor de 1.042 millones, según cifras oficiales de la cartera sanitaria.