2026-08-23
El Gobierno buscará cambiar la fórmula del financiamiento universitario en el Presupuesto 2027
La Casa Rosada diseña un nuevo esquema técnico que enviará al Congreso a mediados de septiembre con el objetivo de frenar el conflicto gremial.
El Gobierno nacional avanza en la confección del Presupuesto 2027 con la firme intención de modificar el sistema de financiamiento para las universidades públicas. En la Casa Rosada confían en reunir los votos necesarios en el Congreso de la Nación y descartan postergar la presentación del proyecto de ley, que deberá ser enviado antes del 15 de septiembre según los plazos establecidos por la Ley de Administración Financiera.
La nueva estrategia oficial busca neutralizar la vía judicial que abrió el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) tras el Decreto 759/2025, el cual condicionó la aplicación de la Ley 27.795 de financiamiento educativo. Aunque la Corte Suprema de Justicia de la Nación intervino en el expediente por una medida cautelar vinculada a la actualización salarial docente, el máximo tribunal no resolvió el fondo de la discusión y devolvió las actuaciones a las instancias inferiores.
Los antecedentes y el acuerdo salarial
Desde el Poder Ejecutivo consideran que el escenario de tensión bajó de intensidad luego del acuerdo firmado el 10 de junio entre la Nación, el CIN y los gremios. Aquel entendimiento selló una recomposición de la masa salarial del 24,33%, una suba del 20% para gastos edilicios de funcionamiento, un refuerzo de $50.000 millones destinados a hospitales universitarios y un incremento del 50% en el programa de las Becas Manuel Belgrano.
A pesar de ese pacto, las universidades todavía reclaman compensaciones pendientes por la inflación de 2024. Por este motivo, el oficialismo utilizará la ley de gastos del próximo año como la herramienta legal definitiva para fijar nuevas reglas de distribución presupuestaria y evitar que el ciclo lectivo de 2027 comience con un esquema generalizado de paros y protestas en las aulas.
Cambios bajo análisis y agenda legislativa
En paralelo al frente educativo, el equipo de Gobierno evalúa introducir reformas operativas a la Ley de Emergencia en Discapacidad (Ley 27.793), una norma que declaró la emergencia del sector hasta el 31 de diciembre de 2026. Sin embargo, este apartado legislativo cuenta con un menor grado de definición debido a que el régimen actual se encuentra en plena ejecución tras ser reglamentado por orden judicial en febrero pasado.
Para destrabar el debate presupuestario con gobernadores y bloques dialoguistas, la Casa Rosada buscará acelerar durante las próximas semanas un paquete de iniciativas pendientes en el parlamento. Dentro de esa lista prioritarias aparecen los proyectos sobre Zonas Frías, la denominada Ley Hojarasca, el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (Súper RIGI), el Tratado de Cooperación en materia de Patentes y cambios a la Ley General de Sociedades.
El fantasma del debate anterior
La táctica oficial busca esquivar los errores del año pasado. Durante la discusión del Presupuesto 2026, el oficialismo intentó modificar los fondos universitarios y de discapacidad, pero sus artículos terminaron siendo rechazados en la votación en particular dentro del recinto por la falta de acuerdos políticos previos con las provincias.
En esta oportunidad, los negociadores de la administración central pretenden desactivar las internas de conducción que afectaron la estrategia parlamentaria anterior. El propósito final del Poder Ejecutivo es llegar a septiembre con consensos firmes que aseguren la sanción de la ley de leyes, estabilicen las partidas de las altas estudios y reduzcan los niveles de litigiosidad con el sistema educativo general.
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