El Gobierno nacional excluirá a los funcionarios de los beneficios de Inocencia Fiscal II
Este miércoles, el Gobierno dará un paso más en la Cámara de Diputados con el desarrollo del proyecto de ley denominado Inocencia Fiscal II. El propósito de este proyecto es la expansión del régimen sancionado hacia finales del año anterior. Este movimiento del oficialismo busca capturar el favor de bloques aliados, al implementar una restricción para que ciertos funcionarios públicos puedan acogerse al sistema simplificado de Ganancias, pero sin acceso a otros beneficios asociados a la revelación de fondos previamente no declarados.
La propuesta será discutida en una sesión conjunta de las comisiones de Presupuesto, Hacienda, y Legislación Penal. El oficialismo tiene como meta conseguir la firma del dictamen, lo cual dejaría el proyecto listo para su debate en el plenario el 26 de agosto, junto con una propuesta de reforma a la Carta Orgánica del Banco Central.
El régimen de Inocencia Fiscal pretende facilitar la formalización de ahorros que actualmente se hallan al margen del sistema financiero. El Gobierno estima que aproximadamente 179 mil millones de dólares podrían atraer hacia la economía formal para su inversión. En esta nueva edición del proyecto, se elimina la restricción que exigía ingresos anuales inferiores a mil millones de pesos argentinos y que el patrimonio no excediera los diez mil millones. Esto dejaría el régimen abierto a todas las personas físicas independientemente de su nivel de ingresos o patrimonio. Sin embargo, los Grandes Contribuyentes Nacionales seguirán sin poder beneficiarse de las presunciones y efectos liberados previstos en la normativa.
Del mismo modo, el borrador modifica el concepto de "discrepancia significativa". La Agencia de Recaudación y Control Aduanero podrá rechazar una declaración simplificada si detecta que una diferencia es significativa, establecida esta como mayor al 15% del impuesto determinado y alcanzando además el 5% del umbral mínimo dentro de la Ley Penal Tributaria, que es actualmente de cinco millones. En caso de objeción, el contribuyente tendrá un plazo de 15 días para corregir cualquier falla, abonando la diferencia y manteniendo así los beneficios del régimen.
Un ajuste de último momento en el proyecto, para asegurar su aceptación en el Congreso, apunta a un grupo específico de funcionarios. Determinados servidores públicos podrán optar por adherirse a la modalidad simplificada de declaración de Ganancias, pero se verán impedidos de acceder a otros beneficios como la regularización de fondos no declarados. El texto sostiene que los funcionarios de esta categoría solo podrán utilizar el régimen simplificado para declaraciones juradas y pagos correspondientes, ignorando otros efectos y beneficios del régimen.
El debate para limitar el acceso a funcionarios ganó tracción a raíz de la pesquisa a Manuel Adorni, exjefe de Gabinete, y su pareja, Bettina Angeletti, por un sospechoso incremento patrimonial y posesión de dólares no declarados. Esto llevó a pedidos desde varios bloques por medidas específicamente limitando a funcionarios, reapareciendo también las declaraciones de Patricia Bullrich, lideresa del bloque opositor, insistiendo en un régimen simplificado para declaraciones, pero sin beneficios sobre el dinero no declarado.
Las negociaciones para el dictamen en comisiones están siendo lideradas por el oficialismo junto a la presidencia de la Cámara de Diputados bajo el liderazgo de Martín Menem. La intención es acelerar el proceso parlamentario para posibilitar la discusión en agosto, aunque los plazos para culminar el ciclo legislativo previamente del 27 de agosto son apremiantes.