Convocan a marchar en todo el país en contra de la Ley de Tierras
Se espera que este jueves 6 de agosto, el Congreso Nacional sea epicentro de intensos debates y manifestaciones en torno a la controvertida Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada.
Según ha informado el Ministerio de Seguridad, liderado por Alejandra Monteoliva, se establecerá un operativo de seguridad especial que incluye cercos y la participación activa de las cuatro fuerzas federales: la Policía Federal, Gendarmería Nacional, Prefectura Naval y la Policía de Seguridad Aeroportuaria. Este despliegue apunta a mantener la tranquilidad y la seguridad, evitando bloqueos y corte de avenidas principales como Rivadavia, Yrigoyen, Entre Ríos, Callao y Riobamba.
A su vez, en la Casa Rosada, se han planeado encuentros estratégicos con autoridades de la Seguridad Ciudadana para afinar detalles y coordinar acciones conjuntas que aseguren una respuesta eficiente a lo largo de toda la manifestación.
Por otro lado, las voces de quienes se oponen firmemente al proyecto resuenan con fuerza. Diversos gremios, movimientos sociales y grupos políticos han preparado actividades e intervenciones en todo el país para expresar su rechazo a lo que describen como una medida destinada a beneficiar a una minoría económica. Entre estos actores destacan la CGT, las dos CTA, organizaciones feministas, estudiantiles y ambientalistas. Además, espacios como la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas y Extinction Rebellion se han sumado activamente en la organización de las protestas.
Critican, principalmente, que la Ley podría abrir paso a una concentración indebida de recursos y favorecería a grandes corporaciones transnacionales, a la vez que denuncian un intento del oficialismo por flexibilizar las leyes actuales para entregar tierras nacionales y recursos valiosos sin regulaciones firmes. La Unión de los Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), junto a las CTA y CGT, tienen previsto dar una conferencia de prensa para comunicar en profundidad sus argumentos y preocupaciones respecto a los potenciales impactos negativos que podría desatar la aprobación de tal legislación.