Judiciales
Le formularon cargos a Marzano: la acusan de ejercer durante casi seis años como médica con un título falso
Luego de tres meses de investigación, este viernes, en los Tribunales Federales de Roca, se le formularon cargos a Mariela Fernanda Marzano, la mujer acusada de haber ejercido la medicina durante casi seis años utilizando, de acuerdo con la Fiscalía, un título falso y otra documentación apócrifa para obtener la matrícula profesional en Río Negro, según lo informado por ANRoca.
El juez federal Hugo Greca dio por formalizada la investigación preparatoria y resolvió que Marzano continúe el proceso en libertad. Le retiró la tobillera electrónica, dejó sin efecto la inhibición general de bienes y ordenó devolverle el documento de identidad. De todos modos, deberá cumplir una serie de medidas cautelares durante los próximos seis meses.
Según expuso el fiscal federal Matías Zanona, la acusación comprende seis hechos vinculados con el presunto ejercicio ilegal de la medicina, la usurpación de título y el uso de documentación falsa. Durante la audiencia, Marzano se abstuvo de declarar, tal como había anticipado su defensor, Oscar Pineda.
De acuerdo con la acusación, entre el 13 de agosto de 2020 y el 3 de marzo de 2026 Marzano ejerció como médica clínica con matrícula provincial sin contar con un título habilitante. Siempre según la Fiscalía, atendió pacientes en el Hospital Francisco López Lima, Clínica Roca, el Sanatorio Juan XXIII y el consultorio externo Siron.
La Fiscalía también le atribuyó haber presentado el 13 de agosto de 2020 la documentación con la que obtuvo la matrícula provincial, entre ella una resolución falsificada del Ministerio de Educación y documentación con firmas apócrifas, incluida otra vinculada a la Universidad Nacional del Comahue (UNCo).
Durante la audiencia, Zanona sostuvo además que las autoridades de Clínica Roca fueron quienes detectaron las primeras irregularidades, situación que dio origen a las actuaciones que más tarde derivaron en la investigación penal.
Las pruebas que presentó la Fiscalía
Para sustentar la formulación de cargos, la Fiscalía enumeró parte de la evidencia reunida durante la investigación.
Mencionó un informe de la Universidad de Los Andes, en Venezuela; documentación que, según sostuvo, demuestra que el folio del supuesto título corresponde a otra persona; la resolución apócrifa de convalidación del Ministerio de Educación; y una certificación de la Universidad Nacional del Comahue, donde consta que Marzano habría completado el 49,60% de la carrera y que incluso se inscribió para cursar durante este año.
También incorporó las actas de los allanamientos realizados en los distintos centros de salud donde trabajó, el secuestro de la documentación utilizada para ejercer la profesión, entrevistas con autoridades médicas —entre ellas Orlando Orlandi—, informes de la Dirección Nacional de Migraciones que, según la acusación, indican que Marzano nunca ingresó a Venezuela y documentación sobre su inscripción en la carrera de Ingeniería Química durante 2022, donde no aprobó ninguna materia.
La defensa no formuló objeciones a la incorporación de esas pruebas.
Aunque continuará el proceso en libertad, Marzano deberá mantener informado su domicilio real y la identidad de sus defensores, someterse a monitoreo mediante comunicaciones telefónicas y presentarse una vez por semana en la Policía Federal Argentina.
Además, no podrá salir de la provincia ni del país y continuará retenido su pasaporte.
Greca también resolvió dejar sin efecto la inhibición general de bienes, al considerar que hasta el momento no existen acciones civiles iniciadas por particulares o instituciones, y ordenó la devolución del documento de identidad.
Las medidas cautelares tendrán una vigencia de seis meses, el mismo plazo fijado para la investigación preparatoria.
La investigación iniciada en abril
La causa comenzó en abril, cuando surgieron sospechas sobre la documentación presentada por Marzano para obtener la matrícula profesional en Río Negro.
Con el avance de la investigación, la Fiscalía reunió informes de organismos nacionales, universidades argentinas y venezolanas, documentación secuestrada durante allanamientos y declaraciones de autoridades de distintas instituciones de salud. Ese conjunto de pruebas fue utilizado este viernes para sustentar la formulación de cargos.