La Justicia rechazó formular cargos por administración fraudulenta a la intendenta de Huergo
En una audiencia celebrada este mediodía, la justicia rechazó formular cargos por administración fraudulenta e incumplimiento de los deberes de funcionario público contra la intendenta de Ingeniero Huergo, Silvia Penilla, el exsubsecretario de Gobierno, Darío Cavia, y su pareja, Eva Müller. En la resolución se explicó que los hechos investigados no constituyen un ilícito de índole penal, sino una falta administrativa.
La instancia judicial de hoy se realizó vía Zoom y en la ocasión el Juez de Garantías, Gastón Pierroni, comenzó resolviendo las cuestiones preliminares planteadas por la defensa, a cargo del abogado Damián Torres. En ese punto, el magistrado rechazó la participación como querellantes de los integrantes del Tribunal de Cuentas y del Concejo Deliberante locales.
Pierroni argumentó que ambos estamentos forman parte del propio municipio y que la Carta Orgánica no los faculta para intervenir autónomamente en ese rol, dejando la persecución penal en manos del Ministerio Público Fiscal. Ante esto, el querellante Federico Diorio anticipó que formulará una reserva para recusar la decisión.
Sin perjuicio patrimonial ni delito
Al momento de evaluar la imputación del Ministerio Público Fiscal, represetado por Vanesa Cascallares y Rodrigo Vazzana, el juez analizó las maniobras señaladas entre diciembre de 2023 y octubre de 2024. La acusación sostenía que, ante la imposibilidad de Cavia de facturar por estar designado mediante decreto, se cobraron servicios a través de facturas emitidas por su pareja, atribuyendo una disposición irregular de fondos de más de 6 millones de pesos.
Sin embargo, el magistrado fue categórico al desestimar el encuadre penal: "La descripción del hecho que hizo la fiscalía no configura un ilícito penal", sostuvo. El juez explicó que, si bien existe una "irregularidad manifiesta" y una "registración defectuosa", no se acreditó la existencia de un lucro indebido ni un daño concreto al erario municipal.
"Hay un delito por administración fraudulenta cuando el sujeto se aparta o se excede para lograr un lucro indebido personal o para un tercero. Pero acá fue cobrar de manera irregular por sus servicios. No veo perjuicio patrimonial", remarcó Pierroni para justificar el rechazo de la formulación de cargos.
Discrepancia de la Fiscalía
Tras escuchar el fallo, la fiscal Cascallares manifestó su tajante discrepancia y realizó el planteo de reserva de la decisión. "Hay disposición de fondos públicos de manera irregular y no sabemos en qué concepto salió ese dinero", rebatió la fiscal. Ante el intento de revocatoria presentado por la fiscalía, el juez lo rechazó argumentando que las divergencias expresadas por la parte acusadora responden a una interpretación subjetiva del caso.
La audiencia que comenzó a las 12 fue a partir del cuarto intermedio dispuesto el pasado 1 de julio en el marco de la audiencia de formulación de cargos que se retomó hoy.
Una causa iniciada en 2024
La investigación se originó en septiembre de 2024, tras una denuncia presentada por la entonces presidenta del Tribunal de Cuentas, Silvina Santos; el vocal Rodrigo Amorosi; y los concejales Antonio Casanova y Gabriela Martín.
La presentación cuestionó la designación de Darío Cavia como subsecretario de Gobierno, al advertir presuntas irregularidades en la forma en que percibía sus haberes. Según la denuncia, el funcionario no figuraba en la planta municipal y parte de los pagos se habrían realizado mediante facturación presentada por su pareja, Eva Müller.
A raíz de esa denuncia, la Fiscalía ordenó un allanamiento ese año en el edificio municipal para secuestrar documentación contable y administrativa vinculada a la investigación.
La audiencia de formulación de cargos iba a realizarse en julio de 2025, aunque llegada la fecha fue suspendida y reprogramada. Posteriormente, en septiembre del año pasado, la Justicia rechazó un pedido de desafuero contra Penilla al considerar que aún no era necesario para el avance del proceso.