La audiencia por presunta administración fraudulenta en Huergo pasó a cuarto intermedio
Esta mañana se realizó una audiencia judicial con el objetivo de formular cargos a la intendente de Ingeniero Huergo, Silvia Penilla, y otros dos imputados en el marco de una causa en la que se investiga la malversación de caudales públicos, denuncia realizada en el 2024 y por el que se allanó ese año la Municipalidad.
La audiencia comenzó a las 9 de manera virtual, mediante la plataforma Zoom, pero no se avanzó en una definición ya que el juez dispuso un cuarto intermedio para resolver si distintos puntos vinculados que se desprenden de la formulación de cargos que hoy fueron planteados, por lo que su resolución se dará a conocer una vez finalizada la feria judicial.
La causa, que inicialmente era investigada como presunta malversación de caudales públicos, pasó a encuadrarse como administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública. Además, a Penilla se le atribuyó el presunto delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público. Los otros imputados son el subsecretario de gobierno Darío Cavia y su pareja Eva Müller, quienes quedaron señalados por el Ministerio Público Fiscal como presuntos partícipes necesarios en relación con la administración fraudulenta.
Según la acusación, “la funcionaria habría abusado de las facultades de administración y disposición de los fondos públicos e instrumentó un mecanismo de pago por fuera del régimen legal que se aplica para retribuir funciones públicas. Todo fue posible, además, porque habría contado con la intervención necesaria de las otras dos personas señaladas por la acusación”.
Según la fiscal Vanesa Cascallares, “la intendenta habría permitido la disposición irregular de caudales públicos mediante documentación y modalidades de contratación que no eran procedentes, ocasionando un perjuicio patrimonial estimado en 6.183.796 de pesos”.
La calificación legal por la que fiscalía y querella solicitaron que se tuvieran por formulados los cargos para la intendente es la de “administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública e incumplimiento de los deberes de funcionario público”, según los Artículos 173 inc. 7° en función del Art. 174 inc. 5° del Código Penal. A las restantes personas le imputó ser partícipe necesario del primero de los delitos.
Entre el sustento probatorio mencionado para esta instancia se encuentran la denuncia penal realizada por el Tribunal de Cuentas de Huergo, pedidos de informes que se le requirieron a la funcionaria, contrato de locación de los servicios brindados por uno de los imputados.
Se agregan facturas emitidas por el hombre y la mujer señalados como partícipes necesarios, comprobantes de transferencias concretadas desde la Municipilidad en cuestión a la cuenta personal de la mujer imputada como partícipe.
Además, el allanamiento y la documentación que de esa medida surgió, lo solicitado a la Agencia de Recaudación Tributaria (ARCA), los informes de OiTel, el de Rentas de la Provincia de Rio Negro, y la intervención del Departamento de Contaduría Forense dependiente del Ministerio Público de Rio Negro, que realizó la pericia técnica solicitado por la fiscalía.
Tras la exposición de los hechos realizada por la fiscal, el abogado querellante Federico Diorio respaldó la acusación y sostuvo la existencia de elementos suficientes para avanzar con la formulación de cargos.
La defensa de las tres personas imputadas solicitó que no se tengan por formulados los cargos y cuestionó la legitimidad de la querella. En este sentido, al inicio de la audiencia, el abogado defensor Damián Torres solicitó la exclusión del Tribunal de Cuentas como querellante al considerar que carece de legitimación para intervenir en el proceso.
Torres también rechazó la imputación y afirmó que "no hay delito en los términos planteados por la Fiscalía y la querella". También cuestionó la calidad de la acusación al sostener que "la descripción de los hechos tiene falencias pocas veces vistas" y aseguró que se intenta trasladar al ámbito penal cuestiones que corresponden a la administración municipal. Según el defensor, no se describió el supuesto dolo para defraudar a la administración pública ni el grado de participación de cada uno de los imputados, dejando entrever además un trasfondo político en la causa.
En respuesta, Cascallares sostuvo que la maniobra investigada se encuentra claramente delimitada y que durante casi dos años de investigación se reunieron los elementos necesarios para sustentar la acusación.
Finalmente, el juez Gastón Pierroni resolvió pasar a un cuarto intermedio, por lo que tanto el planteo de exclusión de la querella como la decisión sobre la formulación de cargos serán resueltos después del receso judicial.
Hace instantes se confirmó que el 30 de julio próximo, a las 12, se dará a conocer su resolución a través de la plataforma Zoom.
Una causa iniciada en 2024
La investigación se originó en septiembre de 2024, tras una denuncia presentada por la entonces presidenta del Tribunal de Cuentas, Silvina Santos; el vocal Rodrigo Amorosi; y los concejales Antonio Casanova y Gabriela Martín.
La presentación cuestionó la designación de Darío Cavia como subsecretario de Gobierno, al advertir presuntas irregularidades en la forma en que percibía sus haberes. Según la denuncia, el funcionario no figuraba en la planta municipal y parte de los pagos se habrían realizado mediante facturación presentada por su pareja, Eva Müller.
A raíz de esa denuncia, la Fiscalía ordenó un allanamiento ese año en el edificio municipal para secuestrar documentación contable y administrativa vinculada a la investigación.
La audiencia de formulación de cargos que se inició hoy iba a realizarse en julio de 2025, aunque llegada la fecha fue suspendida y reprogramada. Posteriormente, en septiembre del año pasado, la Justicia rechazó un pedido de desafuero contra Penilla al considerar que aún no era necesario para el avance del proceso.