La Justicia rechazó el pedido de José López para reducir su condena por cursos realizados en prisión
La Cámara Federal de Casación Penal tomó una firme decisión al rechazar el pedido de José López, exsecretario de Obras Públicas, quien buscaba una reducción de cuatro meses en su sentencia de 13 años. La petición se basaba en la realización de dos cursos de marketing de 80 horas cada uno. Sin embargo, la Cámara consideró que la formación completada por López no era suficiente para cumplir con los criterios legales necesarios para obtener el denominado "estímulo educativo".
La defensa de López inició el pedido citando el artículo 140 de la Ley 24.660, que ofrece la posibilidad de una reducción de pena por acreditar capacitación profesional. Según la defensa, los cursos titulados "Auxiliar en Marketing de Productos" y "Auxiliar en Marketing de Servicio", productivos para López, cumplieron con los requisitos. Sin embargo, el Tribunal Oral Federal N° 2 y luego la Cámara de Casación estimaron que el tiempo invertido y la profundidad de los cursos eran escasos para equipararlos a un año de formación profesional requerido por la normativa.
Los jueces Gustavo Hornos, Mariano Borinsky y Diego Barroetaveña consensuaron que el recurso carecía sustancialmente de argumentos federales sólidos que justificaran una revisión del caso. López, cuya condena surge en parte de la causa Vialidad y el reconocido incidente en que fue sorprendido con bolsos repletos de dinero, enfrenta otra investigación, conocido como el caso del "convento". Según hechos comprobados, arrojó bolsos con dinero dentro de un convento en 2016, y fue hallado culpable de enriquecimiento ilícito y tenencia de armas.
Actualmente, López se encuentra en el penal de Ezeiza donde cumple su condena y es también un actor clave desvelando detalles cruciales en relación al juicio de los "cuadernos de las coimas". Aquí, ha declarado como arrepentido, afirmando no haber integrado asociación ilícita alguna, sino haber sido partícipe de un "gobierno legítimo". Sus testimonios señalan que las decisiones siempre contaron con el soporte jurídico adecuado, manteniendo su actuación dentro de las normativas establecidas.