2026-05-16
Causa Vialidad: piden decomisar el departamento donde Cristina Kirchner cumple el arresto domiciliario
La fiscalía solicitó incautar 141 inmuebles y fondos millonarios para cubrir el perjuicio económico al Estado de 685.000 millones de pesos.
En un nuevo avance en la causa Vialidad, el fiscal federal Diego Luciani solicitó al Tribunal Oral Federal N° 2 el decomiso del departamento de la calle San José 1111, en el barrio porteño de Constitución, donde la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner cumple su condena bajo arresto domiciliario.
El pedido se inscribe dentro de la segunda etapa del proceso de recuperación de activos impulsado por la fiscalía, que busca cubrir el monto fijado por la Justicia como perjuicio económico al Estado, cercano a los 685.000 millones de pesos.
El inmueble de la calle San José figura entre los principales bienes incluidos en el nuevo listado presentado por la fiscalía. Se trata de la vivienda donde la exmandataria se encuentra detenida desde que la Corte Suprema dejó firme su condena a seis años de prisión por administración fraudulenta. Según el dictamen fiscal, esta propiedad estaría vinculada al entramado patrimonial investigado en la causa y, por lo tanto, debe ser incorporada al decomiso para contribuir a resarcir el daño económico.
El requerimiento de Luciani contempla un listado más amplio que incluye 141 inmuebles (13 de sociedades vinculadas a la familia Kirchner y 128 de empresas asociadas a Lázaro Báez), además de 46 automotores. En materia financiera, se solicitó la incautación de 4.664.000 dólares en una caja de seguridad a nombre de Florencia Kirchner, junto con 992.134 dólares depositados en una cuenta bancaria y sumas menores en pesos.
Entre los activos más representativos incluidos en esta presentación judicial se destacan los hoteles Alto Calafate y La Aldea (en El Chaltén), el chalet de la costanera en Río Gallegos y diversos terrenos en la provincia de Santa Cruz. En sus fundamentos, Luciani sostuvo que los condenados fueron intimados judicialmente a devolver el monto fijado por la Justicia y que, pese a ello, “no han depositado ni un solo peso”, lo que habilita la ejecución inmediata de sus bienes por registrar “fortunas desproporcionadas”.
El pedido de la fiscalía quedó ahora en manos del Tribunal Oral Federal N° 2, integrado por los jueces Rodrigo Giménez Uriburu, Jorge Gorini y Andrés Basso, que debe resolver si incorpora estos nuevos bienes al proceso de ejecución. En paralelo, la defensa de Cristina Kirchner y sus hijos continúa intentando frenar la ejecución patrimonial mediante recursos judiciales que podrían llegar a la Corte Suprema de Justicia, el máximo tribunal que tendrá un rol clave en el destino final de las propiedades.
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