Israel revoca el permiso en Gaza a Médicos Sin Frontera y otras 25 organizaciones humanitarias
Desde el 1 de enero de 2026, Israel ha decidido cerrar las puertas a más de 24 organizaciones humanitarias que operan en la Franja de Gaza, una decisión que incluye a la destacada Médicos Sin Fronteras (MSF). La administración en Tel Aviv ha comunicado que esta medida incluye a aproximadamente un 15% de las ONG, ya que estas no han cumplido con los nuevos y estrictos requisitos de evaluación.
Las organizaciones que residen en Israel tendrán hasta el 1 de marzo para cerrar sus operaciones y salir del país si no cumplen con las regulaciones estipuladas.
Esto se origina a partir de cambios implementados anteriormente en el año, donde Israel instauró un novedoso proceso de registro para las organizaciones humanitarias, adicionando la exigencia de entregar listas detalladas del personal a su servicio, lo que abarca funcionarios palestinos que trabajan en la volátil región de Gaza. Algunas ONG han protestado contra esta medida, alegando temores fundados sobre el uso indebido de esta información, temiendo por la seguridad de sus empleados ante eventuales focos de violencia, y también en respuesta a las legislaciones europeas que dictan la privacidad de datos.
Shaina Low, quien asesora en materia comunicacional al Consejo Noruego para Refugiados, ha justificado este rechazo desde un punto de vista legal y de seguridad. Según Low, existen antecedentes inquietantes en Gaza donde centenares de trabajadores humanitarios han perdido la vida, un punto focal que ha encendido las alarmas dentro del círculo de ayuda internacional.
Los oficiales de Israel alegan que estas presiones sobre las ONG son un intento por mejorar el escrutinio sobre las intervenciones humanitarias dentro de Gaza. Inclusive, se han manejado acusaciones concretas hacia Médicos Sin Fronteras, a quienes se les achaca la falta de claridad en la categoría que ocupan algunos de sus colaboradores, presuntamente implicados en la colaboración con facciones como Hamás.
El delicado seguimiento de estas normativas se suma al ya existente conflicto respecto a la cantidad y periodicidad con que la ayuda humanitaria logra concretarse en la región, irremediablemente inadecuada frente a los alarmantes requerimientos de la población Gazatí, que supera los dos millones de habitantes. El cruce de opiniones no es menor, considerando que entidades como el Consejo Noruego para Refugiados, CARE International, el Comité Internacional de Rescate, así como secciones de importantes entidades benéficas como Oxfam y Caritas han quedado en la mira, al ser ratificadas por la administración de Israel como sujetos del nuevo control. Estos grupos proveen una gama amplia de servicios de vital importancia que van desde la seguridad alimentaria, atención médica básica, servicios para discapacitados, y cruciales cuidados en la salud mental de los residentes de Gaza.
En tanto, el gobierno israelí defiende su postura diciendo que sus acciones son consecuentes con los acuerdos de alto el fuego acordados el 10 de octubre, mientras diversas ONGs continúan adelantando sumarios que prueban una insuficiencia clara en la entrega de recursos necesaria para atender de manera efectiva las demandas básicas de la población en La Franja de Gaza.