Causa Otoño: para la familia, en la desaparición “habría participación policial y encubrimiento judicial”
La familia de Otoño Uriarte concretó su presentación ante la Justicia Federal de General Roca. En un escrito, pidieron que se abra la investigación por la “desaparición forzada” y “el delito de trata de persona”, la aceptación del papá de la víctima como querellante y una serie de medidas tendientes a definir qué participación tuvieron algunos elementos de la policía rionegrina en esa etapa.
Otoño tenía 15 años cuando fue secuestrada durante la noche del 23 de octubre de 2006, mientras regresaba a su casa en la zona rural de Fernández Oro. Había tenido una jornada intensa, que incluyó las horas de colegio, encuentros con amigos y un entrenamiento de vóley en el club. Cuando regresaba a su casa fue interceptada y nunca más se supo de ella hasta el 24 de abril del año siguiente, cuando encontrar el cuerpo contra una reja de la usina de El Treinta.
Ante un tribunal de Impugnación de la justicia rionegrina, los abogados que representan a la familia pidieron la nulidad de lo actuado y el pase de la causa al fuero federal. También formalizaron la solicitud en el Tribunal de Roca.
En el escrito, Roberto Uriarte sostuvo que la desaparición y muerte de su hija “habría ocurrido con participación policial y encubrimiento judicial”, con el objetivo de “entorpecer la investigación y garantizar la impunidad a los responsables de las edes de trata” existentes en ese momento.
A su criterio, la justicia rionegrina nunca investigó a esos estamentos “que podrían ser parte del plan criminal para la desaparición forzada y su entrega a una red de trata”, que culminó “con el asesinato de mi hija, Otoño Uriarte”.
El pedido de la familia Uriarte fue más allá, planteando la necesidad de profundizar la investigación sobre la actuación del jefe y agentes de la Comisaría 26 de Fernández Oro, durante esa noche. Para sostener su sospecha, apuntó – por ejemplo -, que los canes adiestrados de la policía de Neuquén “fueron directo hacia un patrullero estacionado en la comisaría”.
También señaló un peritaje que realizó el criminólogo Enrique Prueger, que analizó la geolocalización de los patrulleros y que refleja “una zona liberada para el impune accionar de los secuestradores”. También se mencionó el radiograma en el que se ordenaba la búsqueda de Otoño, con una descripción precisa de cómo estaba vestida la adolescente. Una información que el propio denunciante no tenía en ese momento.
Por otra parte, en la presentación se destaca el gran movimiento policial que se registró en el libro de guardia de la comisaría durante esa madrugada del 24 de octubre de 2006, “significativamente mayores respecto de otros días horarios semejantes”, lo que “despierta sospechas sobre posibles irregularidades”.
Para la querella también resulta sospechosa y debe ser investigada la participación del entonces jefe de la Unidad 26, Ives Vallejos, en un procedimiento en San Martín de los Andes. Un día antes de que se realizara el allanamiento judicial en un club nocturno de esa localidad, Vallejos y el sargento Vivanco estuvieron en el lugar y repartieron volantes con la imagen de la adolescente. Cuando los efectivos de la policía neuquina llegaron al lugar, no encontraron a Otoño
“¿Se les avisó a los proxenetas ex profeso que la policía rionegrina buscaba a Otoño? ¿Les advirtió de esta manera, Vallejos a esta gente, que iban a ser allanados?”, se preguntó Roberto Uriarte. También cuestionó que el actual fiscal jefe Santiago Márquez Gauna, no haya declarado en el juicio: debía esclarecer si efectivamente le pidió a Vallejos que fuese a San Martín de los Andes.
También pidieron que se apunte la investigación hacia una red de trata que, según diversos testimonios que se conocieron durante la causa, operaba en la zona en esos años.