El PJ de Regina repudió hechos de violencia de género que denunció una concejal
El Partido Justicialista de Regina expresó su solidaridad y respaldo a la concejal Nadia Ilundayn y su “más enérgico repudio” por violencia de género que ejerció en su contra el presidente del Deliberante Maximiliano Garré y por lo cual la justicia dispuso medidas preventivas para evitar la reiteración de situaciones como las denunciada.
La concejal presentó el 28 de noviembre la denuncia por violencia de género en el Juzgado de Familia N° 19 de Villa Regina, que esta semana dictó la resolución con la serie de medidas que deberá cumplir el presidente del Concejo Deliberante.
El Justicia local apuntaron que “la justicia se expidió sobre los hechos de violencia de género y, como sociedad, debemos reflexionar sobre la calidad de conejales que queremos que nos representen”.
Al mismo tiempo, consideraron que los hechos que denunció la concejal del bloque Nos Une Río Negro, forman parte de un plan de “disciplinamiento”, para evitar que se exprese en contra de proyectos del oficialismo.
“Los agravios, el daño, la intimidación y la estigmatización son claros ejemplos del intento de disciplinamiento hacia una mujer que alza la voz en defensa de los intereses de sus vecinos”, expresaron desde la fuerza.
“No se puede tolerar que quienes ocupan lugares de representación ejerzan la violencia como herramienta política”, agregaron en su desagravio por los hechos de violencia que denunció la concejal.
Las manifestaciones del Justicialismo reginense se conocieron tras la resolución fue emitida por el Juzgado de Familia de Villa Regina, a cargo de la jueza Claudia Vesprini, luego de la presentación realizada el 28 de noviembre.
En el fallo se ordenó la prohibición de ejercer cualquier tipo de acto de violencia hacia la denunciante, ya sea física, psicológica, emocional o de otra índole. También se le impuso la obligación de abstenerse de realizar acciones que puedan ser consideradas hostigamiento, intimidación o perturbación, tanto en espacios públicos como privados.
Entre las medidas se incluyó además la prohibición de realizar publicaciones en redes sociales, llamados telefónicos, mensajes de texto, correos electrónicos o cualquier otro tipo de contacto que pudiera resultar molesto o intimidatorio. En caso de que estas disposiciones no sean respetadas, se advirtió que podría intervenir la Fiscalía por desobediencia a una orden judicial, lo que implica consecuencias penales.