REFORMA LABORAL
Las ART deberán pagar $14.300 millones para financiar el sistema de riesgos del trabajo
En medio de una serie de discusiones enfocadas en la disminución de costos laborales, el Gobierno ha definido un aporte de $14.332 millones por parte de las Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (ART) dirigido al sostén financiero de las Comisiones Médicas, según lo anunciado por la reciente resolución de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT), hecha pública en el Boletín Oficial este lunes. Este nuevo requerimiento surge en función del fondo estructurado en agosto de 2023, orientado a cubrir los variados gastos operacionales de las comisiones.
Las Comisiones Médicas juegan un rol vital en el esquema del sistema de riesgos del trabajo, al adjudicar los valores de las indemnizaciones necesarias en los casos de accidentes o enfermedades que la situación laboral traiga consigo, situándose como un componente crucial dentro del marco de costos del sistema. La suma impuesta deberá ser repartida equitativamente entre las entidades aseguradores que prestan servicio aproximadamente a 8,6 millones de empleados dentro del ámbito privado y público, extendiéndose también a las corporaciones que operan de manera autoasegurada.
La evaluación para el aporte requerido por las ART sopesó no solo los gastos inherentes y variables reportados por las Comisiones Médicas, sino que siguió los patrones recientes de expedientes presentados al sistema. La problemática recae en la estimación de la contribución que, además, incorporó proyecciones a futuro respecto a los haberes calculando en promedio desde el comienzo hasta la mitad del año próximo. Sin embargo, la tendencia de crecimiento incontrolado en materia de juicios laborales no se ha visto interrumpida.
En el presente año se estima un ingreso de cerca de 130,000 nuevos casos en los juzgados a nivel regional. Siendo así, aun cuando las ART diligentemente cubren las indemnizaciones, la litigiosidad florece. La incongruente estadística que señala hasta un 80% de disminución en siniestros aporta un matiz adicional a esta historia compleja, donde la ley nacional vigente contrasta con la autonomía de las jurisdicciones provinciales en torno al derecho laboral.
El Ejecutivo Nacional ha comenzado aproximaciones a los gobernadores con la visión de asentar normas más armonizadas,"buscando limitar el sobrecoste de las empresas y la litiginosidad laboral". Diversos actores clave, como Mara Bettiol, dirigente de la Unión de Aseguradoras de Riesgo del Trabajo, resaltan la urgencia de una reestructuración en el desempeño de los cuerpos médicos forenses, apostando por más independencia y justicia real, alineándose correctamente con las normativas estipuladas en las leyes vigentes.