Rechazaron el pedido de desafuero a la intendenta de Huergo Silvia Penilla
Este mediodía la justicia resolvió rechazar el pedido de desafuero impulsado por la querella en el marco de la causa en la que se investiga un presunto delito de malversación de caudales públicos en el municipio y en la que se acusa a la intendenta Silvia Penilla.
La audiencia que comenzó a las 11,30 y de desarrolló vía zoom es la que debía realizarse semanas atrás, pero debió ser reprogramada por superposición de audiencias. Dicha instancia judicial estuvo presidida por el juez de Garantías Gastón Pierroni y estuvieron presentes la fiscal Vanesa Cascallares, el abogado querellante Federico Diorio, el defensor privado de Penilla y de Darío Rafael Cavia —también imputado en la causa—, Damián Torres, y el representante del Tribunal de Cuentas de Huergo, Rodrigo Amorosi.
Diorio había solicitado el desafuero en los términos del artículo 92 del Código Penal y el artículo 235 de la Constitución Provincial, con el argumento de que era necesario resolverlo antes de la audiencia de formulación de cargos. A su criterio, el trámite podría evitar eventuales dilaciones o una posible inasistencia de la intendenta.
Sin embargo, tanto la fiscal como la defensa de Penilla coincidieron en que el planteo resultaba extemporáneo y prematuro. Cascallares sostuvo que la causa se encuentra en etapa preliminar, que aún resta la pericia contable y que incluso con la formulación de cargos no sería indispensable el desafuero, siempre y cuando la intendenta se presente de manera voluntaria. “El desafuero es una herramienta excepcional y en este caso no corresponde”, explicó.
En la misma línea, Torres recordó que Penilla estuvo presente en la audiencia y recalcó que el pedido “obedece más a fines políticos que judiciales”, señalando directamente a Amorosi.
Finalmente, el juez Pierroni coincidió con la postura de la fiscalía y la defensa. Fundamentó su decisión en que Penilla ha demostrado voluntad de someterse al proceso y que esa actitud no impide su acusación. Por ello, resolvió rechazar el pedido de desafuero.
La causa
La denuncia fue presentada en 2024 a partir de que integrantes del Tribunal de Cuentas advirtieron facturas y transferencias bancarias para el pago de sueldos a un subsecretario del ejecutivo municipal. Sin embargo, la particularidad del hecho es que el subsecretario no figuraba dentro de la planta, y las facturas fueron presentadas por la pareja del hombre, conformando de esta forma una triangulación para el pago de los haberes.
A raíz de la denuncia que presentaron la presidente del Tribunal de Cuentas, Silvina Santos y el vocal Rodrigo Amorosi y los concejales de la UCR Antonio Casanova y Gabriela Martín, en setiembre del año pasado se hizo un allanamiento en la sede comunal donde se secuestraron distintos documentos y otros elementos relacionados al hecho.
Con la confirmación de datos formulados en la denuncia, se comenzaba a allanar el camino para avanzar con el pedido de formulación de cargos contra la jefa comunal por el presunto delito de peculado y abuso de autoridad, algo que aún no se concretó.