ADEPA cuestionó el fallo que prohíbe la difusión de audios de Karina Milei
La reciente medida judicial que impide la difusión de audios relacionados con Karina Milei ha desatado una tormenta de opiniones respecto a la libertad de expresión en Argentina. Este lunes, la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA) emitió un comunicado donde expresa su desaprobación ante el fallo del Juzgado Civil y Comercial Federal.
ADEPA ha subrayado que esta acción judicial es una "limitación inconstitucional a la libertad de prensa". Según la asociación, medidas como estas desvirtúan el derecho fundamental a informar y ser informado. También indicaron que el hecho de que la información se relacione con funcionarios públicos y eventos de relevancia institucional añade una capa adicional de preocupación. La medida cautelar acogida por la justicia atenta, a su juicio, contra el espíritu de una sociedad democrática.
La justificación del fallo gira en torno a la protección de la privacidad institucional y la prevención de posibles desestabilizaciones políticas, según fuentes del Gobierno. El portavoz presidencial, Manuel Adorni, respaldó la medida en redes sociales alegando que se trata de una vulneración a la privacidad más allá de un tema de libertad de expresión.
Por su parte, la asociación periodística argumentó que, si bien existen normas contra la obtención ilegal de información, la censura previa es una violación más grave de derechos. Citaron precedentes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, afirmando que las restricciones preventivas a la circulación de información son inadmisibles, salvo en situaciones que involucren la vulnerabilidad de menores de edad.
La denuncia que tuvo lugar en el Juzgado Federal Nº 12 también incluye al empresario Pablo Toviggino, el mediático Jorge Rial y al abogado Franco Bindi, acusando una posible conspiración. Según las acusaciones del Gobierno, el objetivo sería orquestar un levantamiento público y alterar la normalidad de la campaña electoral en curso. Sin embargo, para ADEPA, estas acciones judiciales representan un golpe a los valores constitucionales.