El Gobierno suspendió más de 80 mil pensiones por invalidez laboral
El impacto de una auditoría masiva sobre las pensiones por invalidez laboral está revelando un panorama delicado en el sistema de seguridad social de Argentina. La reciente suspensión de más de 80 mil pensiones ha destacado la urgencia de reformar las políticas vigentes y establecer mecanismos sólidos para evitar fraudes institucionales y asegurar que los recursos lleguen realmente a quienes los necesitan.
La Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), bajo la dirección de Diego Spagnuolo, ha liderado esta minuciosa revisión. Este proceso de auditoría abarca un vasto universo de un millón de pensiones no contributivas, develando fraudes que ostentan certificados médicos falsificados, beneficiarios que siguen cobrando y han fallecido, y personas declaradas como prófugas o en prisión. Estos controles han hecho posible un ahorro fiscal considerable, calculado en más de 23 mil millones de pesos al mes, destacando una severa falta de escrutinio en años anteriores.
Desde dentro de las oficinas de la ANDIS, Spagnuolo declaró con firmeza sobre las cifras desenfrenadas de beneficiarios que surgieron entre 2003 y 2023. Comparó este crecimiento descontrolado con una política de subsidios dispersa y sin fundamentos médicos legítimos. El paso desde los 80 mil hasta alcanzar los 1.250.000 beneficiarios durante el mismo período ha aflojado aún más las costuras de un sistema que exige un control riguroso y objetivo.
La auditoría no solo marca un hito administrativo sino también un avance significativo hacia la transparencia. Médicos del PAMI y la ANDIS han encabezado estos controles, priorizando la eficacia y la exactitud en cada expediente revisado. Sin embargo, el marco legal que regula estas pensiones, inscripto en la ley 13.478 y el decreto 432/97, aún presenta espacios grises que han facilitado la proliferación de fraudes. Esto demanda una actualización normativa que refuerce las medidas de verificación.
En respuesta, el reciente decreto 842/2024 ha introducido requisitos innovadores y estrictos, como la necesidad de reinscribirse con una declaración jurada bajo revisión médica crítica. Asimismo, se reformulan criterios que exigen excluir a aquellos que superen ciertos ingresos o que mantengan conexiones con el sistema penal. Esta implementación busca también prevenir abusos futuros y fortalecer la correlación entre asignaciones y ciudadanía justa, emitiendo un mensaje rotundo sobre la necesidad de intelecto proactivo y vigilancia constante en las políticas sociales del país.