El Gobierno oficializó la reestructuración en la Procuración del Tesoro: confirman más de 60 despidos
En un giro trascendental para la estructura del gobierno del presidente Javier Milei, se ha anunciado una significativa reestructuración dentro de la Procuración del Tesoro de la Nación, oficializada este pasado jueves. Esta reorganización, que ha suscitado tanto sorpresa como críticas, no solo afecta el organigrama del organismo sino que también prescinde de entidades importantes como la Escuela del Cuerpo de Abogados del Estado.
El Decreto 475/2025, publicado en el Boletín Oficial, lleva la firma de Milei y de su ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona.
La reestructuración fue anticipada desde el miércoles, junto con la noticia del cese de sesenta empleados, y se justificó desde el ámbito oficial como un movimiento hacia una mayor eficiencia del sistema. Además, se confirmó una reestructuración que incluye el despidió a más de 60 funcionarios y la reducción de áreas técnicas.
Detrás de esta reorganización, sin embargo, se encuentra una creciente tensión debido a una supuesta filtración de información relevante al caso de la estatización de YPF. Este juicio crucial ve a los abogados del Estado trabajando para detener un fallo de la jueza estadounidense Loretta Preska, que exige la restitución de una parte significativa de las acciones de YPF a manos de los demandantes.
El Decreto 475/2025 detalla que la nueva estructura organizativa de este ministerio desconcentrado es presentada como "indispensable por razones de gestión". Se expone que mediante estos cambios se pretende "fortalecer la capacidad operativa" de la Procuración del Tesoro, incrementando así la agilidad en sus procesos y propósitos legales, incorporando y reasignando diversas funciones dentro del organismo.
Más allá de la reestructuración general, la decisión busca a profundidad optimizar el uso de recursos y evitar el mantenimiento de una burocracia considerada innecesaria, logrando así una reducción de costos y una mejora efectiva en la formación profesional de los abogados del Estado. La disolución de la Escuela de Abogados del Estado ha sido debatida como una de las decisiones más controvertidas, siendo un organismo con una fuerte tradición en la capacitación y perfeccionamiento de los abogados que prestaban servicios al gobierno.
Como resultado de la eliminación de la Escuela, el Centro para el Fortalecimiento de la Abogacía Pública (CEFAP) ha sido designado como la nueva entidad encargada de llevar a cabo las tareas de formación y perfeccionamiento de los profesionales del derecho del Estado. El Gobierno argumenta que, aunque la Escuela de Abogados cumplió con los objetivos de su norma fundacional, los retos estructurales actuales han complicado su misión, lo que justifica su cierre.