Cristina Kirchner pidió arresto domiciliario sin tobillera electrónica
La reciente sentencia de la Corte Suprema que confirmó la condena de seis años de prisión contra la exvicepresidenta Cristina Kirchner ha desatado una controversia en la arena política y judicial de Argentina. Este fallo ha abierto un nuevo capítulo en la ya compleja vida política de una de las figuras más influyentes del país.
Cristina Kirchner, representada por sus abogados Carlos Beraldi y Ary Llernovoy, ha solicitado que su condena a seis años de prisión, por la causa Vialidad, sea cumplida bajo arresto domiciliario en su residencia actual, ubicada en San José 1111. Este pedido específico busca mantener a la ex mandataria cerca de su familia, principalmente de su hija Florencia y su nieta, además de obviar el uso de una tobillera electrónica, argumentando que su constante custodia la hace innecesaria.
El Tribunal Oral Federal 2, a cargo del juez Jorge Gorini, ha establecido un plazo de cinco días hábiles para que todos los condenados, incluida Cristina Kirchner, se presenten en Comodoro Py 2002 para su detención. El juez también ha solicitado al Ministerio de Seguridad que identifique instalaciones adecuadas para albergar a los detenidos hasta que se resuelvan los planteamientos legales.
Por otro lado, los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola han presentado una solicitud formal para la detención inmediata de la ex vicepresidenta. Los fiscales consideran que el plazo otorgado para su entrega es excesivo, teniendo en cuenta que se interponen un fin de semana y un feriado nacional. Esta solicitud subraya la urgencia percibida por la fiscalía en aplicar el fallo.
En su defensa, los abogados de Kirchner citan su edad de 72 años y su condición de ex presidenta, así como los riesgos documentados para su seguridad personal tras el atentado que sufrió en septiembre de 2022. "El cumplimiento de una pena privativa de libertad sólo puede ser llevado a cabo bajo la modalidad de detención domiciliaria", argumentan en su escrito. Además, advierten que enviarla a una cárcel común no sería compatible con las medidas de seguridad que su rango precedente demanda.
La defensa argumenta que cualquier traslado a una institución carcelaria derivaría en un régimen de aislamiento extremo y vigilancia constante, lo cual infringe los derechos garantizados por la constitución y las convenciones internacionales. Por todo esto, la defensa resalta la innecesariedad del uso de la tobillera electrónica, dado que Kirchner ya cuenta con protección y seguridad las 24 horas. Sin embargo, es importante destacar que la Ley de Ejecución Penal actualmente prevé el uso de tales dispositivos.