Milei eliminó la oficina que investigaba el Criptogate $LIBRA
El drama político y financiero en Argentina ha alcanzado un nuevo episodio con la reciente decisión del Gobierno Nacional de cerrar la Unidad de Tareas de Investigación (UTI). Esta unidad fue originalmente creada por el presidente Javier Milei en un esfuerzo por abordar las acusaciones vinculadas a la controvertida promoción y posterior controversia de la criptomoneda $LIBRA.
La decisión de clausurar la UTI fue formalizada en el Boletín Oficial, en las primeras horas del día, mediante el Decreto 332/2025, el cual fue firmado por el Presidente y acompañado por el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona.
El decreto oficial señala que todo el material recolectado por la UTI fue remitido al Ministerio Público Fiscal, asegurando así que la unidad cumplió con las responsabilidades determinadas por el Decreto N°114/25 que marcó el inicio de su creación. Sin embargo, a pesar del cumplimiento de estas tareas por parte de la unidad disuelta, persisten las inquietudes tanto en el ámbito nacional como internacional. La historia se remonta al 14 de febrero, cuando el presidente Milei utilizó sus plataformas personales en redes sociales para promover la criptomoneda $LIBRA.
La acción resultó en un desastre financiero para muchos ciudadanos que, guiados por la confianza en la comunicación oficial, decidieron invertir en el proyecto digital. Pero la esperanza se transformó rápidamente en pérdidas millonarias cuando los creadores abandonaron el proyecto, llevando al colapso del valor de la moneda. A este fenómeno en el mundo de las criptomonedas se le conoce como 'rug pull', donde los desarrolladores de una moneda nueva se retiran injustamente con el capital de sus inversores.
No solo Argentina se enfrenta a la incertidumbre. En los Estados Unidos, una demanda colectiva ha tomado dimensiones legales más grandes al acusar a Milei de realizar una "promoción engañosa", sosteniendo que actuó de manera imprudente al llevar la criptomoneda a la atención pública. Así se establece que, sin su difusión, los inversores no se habrían aventurado a realizar las comprometedoras inversiones que han terminado en caos. El Ministerio Público Fiscal ahora se prepara para continuar con su investigación, determinada a descubrir si detrás del escándalo se encuentran delitos económicos o posibles conflictos de interés que comprometen la integridad de funcionarios del gobierno.
Hasta ahora, ninguna información oficial o detalles sobre las indagaciones llevadas a cabo por la extinta Unidad de Tareas han sido revelados al público, lo que deja una nube de misterio en torno a la investigación que escudriñará con lupa estos asuntos en el ámbito legal argentino.