URGENTE
ATENCIÓN: ANMAT prohibió la venta y consumo de un aceite de oliva fabricado en Mendoza
En una medida reciente, la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) ha decidido tomar cartas en el asunto para salvaguardar la salud pública, prohibiendo la comercialización de un aceite de oliva en particular que no cuenta con la autorización necesaria del organismo regulador.
El anuncio se hizo oficial a través de la Disposición 3149/2025, difundida en el Boletín Oficial, que establece la prohibición de la elaboración, fraccionamiento y comercialización en todo el territorio nacional del producto etiquetado como 'Olive Oil Extra Virgen, marca Quinta estación', cuya procedencia se remite a la provincia de Mendoza. Dicha prohibición también aplica a cualquier plataforma de comercio electrónico en el país, inhibiendo así su venta en línea. Todo lote, etiquetado y presentación del aceite queda sujeto a esta disposición.
Los motivos detrás de esta dura decisión residen en el hecho de que el aceite de oliva en cuestión incumple con las normativas vigentes al no tener registros de establecimiento ni de producto, presentando, además, una falsificación flagrante en su etiquetado al incluir números inexistentes de RNE y RNPA. Esto convierte al producto en una oferta ilegal en el mercado nacional.
Esta prohibición tiene un marco más amplio, relacionado con la protección del consumidor. El aceite en cuestión, al carecer de regulación adecuada y de verificación sobre su cadena de producción, podría representar un riesgo potencial para la salud del público. Los productos que no se adhieren a estándares de seguridad alimentaria y que presentan fallas en trazabilidad ponen en duda su calidad y condiciones de elaboración.
Al tomar esta medida, ANMAT busca prevenir posibles daños a la salud generados por el consumo de tales productos ilegales. Es fundamental para las autoridades el poder garantizar, a través de estrictas normativas, la seguridad alimentaria de la población. Este tipo de acciones refuerzan el compromiso de los organismos reguladores con su responsabilidad de asegurar el cumplimiento de estándares que protejan al consumidor argentino de productos riesgosos e ilegales.