2025-05-15

Tierra del Fuego demandará judicialmente al Estado si quita aranceles a productos tecnológicos

Lo advirtió el gobernador Gustavo Melella.

El reciente anuncio del gobierno nacional sobre la reducción de aranceles a los productos tecnológicos que se ensamblan en Tierra del Fuego ha generado una gran polémica. La isla, que sustenta a aproximadamente 8,500 trabajadores a través de la industria electrónica, enfrenta una situación de incertidumbre. El gobernador de Tierra del Fuego, Gustavo Melella, adelantó que su administración presentará acciones judiciales contra el gobierno si se lleva a cabo la medida. Aún en espera de la publicación en el Boletín Oficial, el vocero presidencial, Manuel Adorni, ya despertó una oleada de rechazo en la provincia austral.

En declaraciones públicas, el gobernador Melella manifestó que no tolerará que el respeto al pueblo de Tierra del Fuego sea menoscabado por las decisiones del gobierno nacional. Indicó que en caso de que el parámetro anunciado se mantenga, el frente legal será inevitable. En una entrevista con Radio Provincia de Ushuaia, Melella también criticó duramente a figuras políticas como el diputado José Luis Espert y el ministro Federico Sturzenegger, a quienes acusó de menospreciar a la isla al proponer su conversión en un "parque de diversiones".

El posible impacto laboral de la medida es uno de los puntos más álgidos del debate. "Estos son puestos de trabajos que se pierden, algo que ya experimentamos durante la administración de Mauricio Macri", expresó el mandatario, reflejando el palpable temor al desempleo. Además, Melella enfatizó que no se trata sólo de la industria tecnológica en sí, sino de un efecto cascada que podría afectar a otros sectores como el comercio y los servicios generales.

Las reacciones no se han limitado al ámbito político. Las fábricas electrónicas en la región han iniciado paros indefinidos como señal de protesta y unidad frente a la medida potencialmente perjudicial. El paro ha sido respaldado por Melella, quien lo describió como una acción legítima por parte de los trabajadores ante el riesgo de perder sustento laboral por decisiones tomadas a nivel nacional. La pérdida de empleo industrial no afectaría únicamente a las fábricas, sino también a pequeñas economías locales y sistemas sociales en las ciudades de Tierra del Fuego.

Desde el aspecto gubernamental, la ministra de Producción y Ambiente, Karina Fernández, ha reafirmado que las medidas planteadas por el gobierno nacional podrían tener repercusiones severas sobre el mercado laboral fueguino, que se traducen en un envite a la competitividad local. La presidenta de la AFARTE (Asociación Fueguina de Representantes de la Industria Electrónica), Ana Vainman, se mostró cautelosa ante las promesas de simplificación aduanera por parte del ministro de Economía, Luis Caputo, donde pese a que parecen encaminadas a beneficiar el ingreso de productos continentales, también han generado inquietud sobre sus verdaderos beneficios para los fabricantes locales.

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