2025-04-25

MACROECONOMÍA

El Gobierno autorizó la privatización total de Enarsa

Se trata de una compañía clave por el manejo del mercado energético.

En un giro significativo para la economía del país, el Gobierno argentino ha iniciado el proceso de privatización total de Energía Argentina S.A. (ENARSA). Esto se inscribe dentro de un esfuerzo mayor por modernizar el sector energético y reducir la carga financiera que esta empresa representa para el Estado. La decisión se liga estrechamente con la publicación del Decreto 286/2035, que marca el inicio formal de este proceso.

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Uno de los primeros pasos que definirá esta transformación es la autorización para la venta del 100% de las acciones de ENARSA a CITELEC S.A., entidad que ejerce control sobre Transener. Esta última es la empresa clave en el sector, ya que se encarga de la transmisión eléctrica a lo largo y ancho del país. Para asegurar transparencia y competitividad, esta venta se desarrollará a través de un concurso público que será abierto tanto a participantes nacionales como internacionales.

Históricamente, ENARSA ha constituido un desafío económico para el Estado. Durante años, ha dependido de cuantiosas transferencias de dinero desde el Tesoro Nacional para mantener sus operaciones. Sin embargo, pese a la magnitud de los recursos invertidos, no ha logrado ofrecer mejoras significativas ni en la calidad del servicio proporcionado ni en los aspectos administrativos.

La privatización no es sólo un movimiento económico, sino también estratégico. Al inducir la participación del sector privado, se busca mejorar la calidad del servicio, fomentar la competitividad en el mercado y establecer tarifas que reflejen un equilibrio realista y sostenible para la sociedad. Se parte de la premisa de que las empresas privadas, debido a su inherente capacidad de inversión, empleo e innovación, están mejor posicionadas para asumir y gestionar con eficacia los retos del sector energético.

Con este reajuste de roles, el Estado adopta una postura más gerencial y enfocada en sus deberes primordiales: regular, organizar y asegurar el correcto funcionamiento del sistema energético nacional. Esta medida es vista, por algunos, como una oportunidad para depurar funciones estatales innecesarias y potenciar aquellas realmente estratégicas para el bienestar de los ciudadanos.

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