POLÉMICA
Patricia Bullrich ofrece recompensa para quienes delaten a manifestantes
El actual gobierno, encabezado por Javier Milei y con Patricia Bullrich como Ministra de Seguridad, ha iniciado una serie de medidas que buscan intensificar su control sobre las movilizaciones sociales.
Entre las acciones más destacadas se encuentra una reciente declaración de Bullrich sobre recompensas económicas para ciudadanos que delaten a manifestantes. Esta propuesta, que despierta múltiples preocupaciones, se sitúa en un contexto político marcado por una creciente tensión entre el gobierno y diversos sectores de la sociedad civil.
La promesa de Bullrich se hizo pública en una entrevista, en la cual la Ministra expresó que el gobierno lanzará próximamente una resolución invitando a la población a colaborar en la identificación de manifestantes. A cambio de dicha colaboración, se ofrecerá una "recompensa", aunque hasta ahora no existen detalles claros sobre la cuantía de estos pagos o los mecanismos de denuncia.
La medida se justifica, en palabras de la funcionaria, como una estrategia para llevar ante la Justicia a "delincuentes" que se involucran en actos violentos durante las protestas. Sin embargo, se plantea un gran debate sobre la ética detrás de esta política y las potenciales arbitrariedades que podría provocar.
Esta medida no es aislada; se enmarca dentro de un conjunto de acciones más amplias emprendidas por el gobierno de Milei, que incluyen un endurecimiento de las medidas de seguridad ante la ola de manifestaciones previstas en contra de sus políticas de ajuste. Días antes, Bullrich también había manifestado su intención de condicionar el accionar de la Justicia para que las detenciones durante las movilizaciones fueran constantes, más allá de si existían o no pruebas concretas contra los detenidos.
Las críticas no se hicieron esperar. Activistas y organizaciones de derechos humanos denuncian que estas estrategias forman parte de un plan represivo cuyo fin último es desincentivar la participación ciudadana en manifestaciones, un derecho que consideran elemental en democracia. También existen miedos fundamentados referentes a la posible creación de un sistema de "caza de brujas", donde personas inocentes podrían ser acusadas falsamente por ciudadanos que busquen beneficiarse económicamente con estas denuncias a sueldo.
Cabe recordar otros precedentes internacionales donde este tipo de políticas fueron aplicadas, con resultados desastrosos. Un ejemplo paradigmático es el de Estados Unidos durante la persecución de presuntos miembros de Al Qaeda, post 11 de septiembre de 2001. La oferta de recompensas derivó en detenciones masivas y, en muchos casos, injustas, con personas encarceladas por mucho tiempo sin pruebas fehacientes, muchas de las cuales dieron fin en la prisión de Guantánamo.