El Gobierno planea un control en el aumento de las prepagas: conoce los detalles
El costo de la medicina prepaga fue el servicio que más aumentó en 2024, superando incluso la inflación, lo que llevó al Gobierno de Javier Milei a evaluar medidas para frenar los incrementos descontrolados.
Según datos oficiales, las cuotas de las prepagas subieron un 124% el año pasado, mientras que la inflación alcanzó el 127,8%.
El Ejecutivo ahora analiza un decreto para establecer un tope a los aumentos y regular su aplicación. “Buscamos evitar que las empresas de medicina privada sigan remarcando sin cesar”, señalaron fuentes del Gobierno, luego de que en enero las prepagas aplicaran subas de entre el 3% y el 3,9%, casi el doble del Índice de Precios al Consumidor (IPC) del mismo mes, que fue del 2,2%.
Lo llamativo es que la liberación de precios de las prepagas fue impulsada por el propio Milei apenas asumió la presidencia. Ahora, el Gobierno intenta corregir la situación, ya que los aumentos afectan con mayor dureza a los sectores medios y a los jubilados.
Según trascendió, el decreto en análisis establecería que los incrementos en las cuotas ya no podrán aplicarse de manera generalizada a todos los afiliados de una misma empresa, sino que deberán diferenciarse según los planes. Además, para los adultos mayores, el valor de la cuota no podrá ser superior al triple del que se cobra a los afiliados más jóvenes.
En paralelo, el Gobierno mantiene su denuncia contra las principales prepagas del país por presunta cartelización. La imputación, anunciada en diciembre de 2024, recae sobre firmas como Galeno, Swiss Medical, OSDE, Omint, Medifé, el Hospital Alemán y el Hospital Británico, entre otras. También fue acusado Claudio Belocopitt, referente del sector y presidente de la Unión Argentina de Salud (UAS).
Desde la Secretaría de Industria y Comercio detallaron que la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC) está llevando adelante la investigación y que “se fijó un plazo de hasta 90 días hábiles para producir pruebas, con la posibilidad de una prórroga por otros 90 días”.
En caso de confirmarse la cartelización, las empresas podrían enfrentar sanciones económicas y medidas regulatorias más estrictas. “El artículo 2 de la Ley de Cartelización clasifica a los cárteles de núcleo duro como prácticas absolutamente restrictivas de la competencia”, explicaron desde el Gobierno, señalando que se investigan acuerdos para fijar precios y restringir la oferta de manera coordinada.
Las medidas de control propuestas por el Ejecutivo contrastan con la decisión inicial de Milei de desregular el sector y permitir la libre fijación de precios, lo que generó incrementos sistemáticos en las cuotas a lo largo del año. Ahora, ante la presión de los usuarios y el impacto en la clase media, el Gobierno busca intervenir.
El sector de la salud privada, por su parte, justifica los aumentos argumentando que “el costo de la salud es más alto que el promedio de precios” y que los incrementos son necesarios para mantener la calidad del servicio. Sin embargo, la disparada de valores llevó a muchos afiliados a reducir coberturas o incluso a darse de baja.
Con este nuevo decreto, el Gobierno busca encontrar un equilibrio entre la sostenibilidad del sistema de salud privada y el alivio para los afiliados, en un contexto de ajuste económico generalizado.