Refuerzan los controles a los presos de alto riesgo: no tendrán contacto físico en las visitas
A raíz de recientes incidencias y la detección de maniobras ilícitas dentro del ámbito penitenciario, el Ministerio de Seguridad de la Nación ha decidido implementar nuevas restricciones respecto a las visitas a internos considerados de alto riesgo. Esta medida fue formalizada el reciente miércoles a través de su publicación en el Boletín Oficial, bajo la Resolución 153/2025, y tiene como objetivo primordial reforzar los controles internos.
Conforme a lo estipulado en la disposición, se ha establecido que cada interno podrá recibir visitas de hasta dos familiares directos, siempre que estos sean mayores de 16 años. El encuentro se llevará a cabo en un locutorio, tendrá una periodicidad quincenal y durará una hora. Este mismo procedimiento regirá para aquellos internos que tengan hijos menores de la mencionada edad, garantizando así el control del contacto familiar.
La reglamentación determina que el Servicio Penitenciario Federal (SPF) debe solicitar la cooperación de la autoridad judicial correspondiente para evaluar y autorizar las visitas mencionadas. Asimismo, se requiere que el Ministerio Público Fiscal informe cualquier impedimento que pudiera surgir respecto a los familiares directos de cada interno dentro del sistema. La implementación de este protocolo prende intensificar la seguridad y minimizar el riesgo de actividades ilícitas en colaboración con elementos externos.
Esta directriz se fundamenta principalmente en recientes arrestos de familiares y abogados de internos que, según las investigaciones, servían de enlace con operaciones criminales afuera de los muros penitenciarios. Entre los crímenes atribuidos a este entramado delictivo se incluyen asociación ilícita, amenazas, secuestro extorsivo, e incluso incidentes de incendio. Estos acontecimientos han subrayado la necesidad crítica de robustecer los controles ya existentes.
Iniciado en 2024, el sistema de gestión de internos de alto riesgo forma parte del denominado Plan Bandera, una robusta estrategia de seguridad instalada para combatir la escalada de violencia relacionada con el narcotráfico, particularmente en Santa Fe. Desde su implementación, se han restringido las comunicaciones y las visitas, pero los recientes sucesos han dirigido a las autoridades a endurecer aún más estos controles. La meta es tajante: prevenir que individuos con amplios antecedentes sigan dirigiendo actos delictivos desde el interior de las cárceles, así resguardando eficazmente la seguridad pública.