El colegio de abogados fijó su postura sobre quitar la figura de femicidio del Código Penal
El Colegio de Abogados y Abogadas, Procuradores/as de la Ciudad de Neuquén ha manifestado su firme oposición al proyecto de ley que busca derogar el delito de femicidio en Argentina. La institución considera que esta medida representaría una violación grave de los Derechos Humanos y un retroceso en la lucha contra la violencia de género.
Según la definición acuñada por Diana Russell en 1976, el femicidio es el asesinato de una mujer motivado por machismo o misoginia. La entidad neuquina argumenta que la penalización diferenciada de estos crímenes es fundamental, ya que el homicidio de mujeres por razones de género responde a una dinámica de odio y discriminación histórica que debe ser sancionada con penas agravadas.
A nivel internacional, existen antecedentes contundentes que avalan esta postura. En 2009, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dictaminó una sentencia histórica en el caso conocido como "Campo Algodonero", en el que condenó al Estado mexicano por su responsabilidad en el femicidio de tres mujeres en Ciudad Juárez. El fallo sentó un precedente clave en la jurisprudencia sobre violencia de género y la obligación de los Estados de garantizar justicia y protección a las víctimas.
En Argentina, la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) informó que entre 2014 y 2023 se registraron alrededor de 2.500 femicidios. Esta cifra revela la persistencia de una problemática estructural que requiere legislaciones específicas para su erradicación.
Desde el Colegio de Abogados y Abogadas de Neuquén sostienen que derogar el delito de femicidio significaría un grave retroceso en la protección de los derechos de las mujeres y un debilitamiento de las políticas públicas orientadas a prevenir y sancionar la violencia de género. La institución exhorta a los legisladores a no avanzar con esta iniciativa, resaltando la importancia de fortalecer, en lugar de debilitar, el marco jurídico que ampara a las víctimas.
La discusión sobre la permanencia del delito de femicidio en el Código Penal abre un debate crucial sobre los derechos fundamentales y la obligación del Estado de garantizar justicia para las víctimas de violencia de género. Con antecedentes internacionales y estadísticas alarmantes en el país, la derogación de esta figura penal podría significar un retroceso irremediable en la lucha por la equidad y la protección de los Derechos Humanos.