EXTENDIERON EL ACTUAL
El Gobierno prorrogó el Presupuesto Nacional y asignó las partidas
Esta medida fue confirmada mediante la publicación de una decisión administrativa que lleva las firmas del jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y el ministro de Economía, Luis Caputo. La prórroga se ha documentado oficialmente en el Boletín Oficial bajo la denominación Decisión Administrativa 3/2025, incluyendo cuatro anexos que detallan cada compromiso presupuestario.
El proceso detrás de esta decisión subraya la importancia de "mantener la continuidad de los servicios esenciales bajo la tutela de las diversas jurisdicciones y entidades de la administración nacional". La estrategia de prórroga responde a la necesidad de asegurar que los mínimos requerimientos operativos continúen sin interrupciones, a pesar de las voces opositoras que han manifestado su malestar por la omisión de un nuevo proyecto de presupuesto en las sesiones extraordinarias del Congreso programadas para el próximo 20 de enero.
Entre los críticos de esta decisión se encuentran líderes de la oposición que han subrayado que la extensión del presupuesto vigente refleja una falta de previsión a largo plazo y un desafío a la transparencia esperada en un año que podría haber tenido un nuevo análisis del gasto. A pesar de estos reclamos, el gobierno argumenta que la estabilidad y la eficacia en la gestión pública deben primar, justificando así la reticencia a formular un plan nuevo en un contexto económico complejo.
El Anexo I de esta norma es particularmente detallado, consagrando 254 folios a describir cómo se distribuirán los 170.786.950 millones de pesos asignados para cada jurisdicción. Esta demostración de gasto representa un incremento significativo, específicamente un aumento del 81,1 billones comparado con el año anterior.
Esto se traduce en términos de un aumento nominal del 90,5% y un incremento real del 40,7%, evaluado frente a las proyecciones de inflación media del 35,44%, así como el escenario económico presentado ante el Congreso a finales de 2025.
Adicionalmente, la normativa estipula que las distintas jurisdicciones deben responder al Ministerio de Hacienda trimestralmente, reportando el estado de sus plantillas y cualquier modalidad de contratación hechas. Este requerimiento busca una supervisión constante y ajustada a los cambios administrativos, asegurando a la vez la transparencia en la aplicación del presupuesto así extendido.