Estela de Carlotto apuntó contra el Gobierno: "Estamos viviendo un momento casi dictatorial"

En un clima de creciente tensión política y social, Estela de Carlotto, presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, ha lanzado severas críticas contra la administración actual al señalar que nos encontramos en "un momento casi dictatorial". Las declaraciones surgen en medio de la presión gubernamental que afecta las políticas de derechos humanos, según Carlotto y diversos sectores sociales.

La administración de Javier Milei ha enfrentado crecientes controversias en su gestión, especialmente en lo relacionado con la memoria histórica y los derechos humanos. Pese a las divisiones internas dentro del gobierno libertario, Milei y su vicepresidenta, Victoria Villarruel, coinciden en su postura respecto a ciertos temas candentes, incluida la continuidad de los Espacios de Memoria como el ex-ESMA, cuya posible clausura ha generado un significativo rechazo.

En una conversación reciente con Radio 10, Carlotto expresó su profunda preocupación por el rumbo que ha tomado el país. Señaló que el presidente "está dictando órdenes para silenciar aquello que prefieren no oír", y sostuvo que la situación es cada vez más angustiante debido al incremento de la pobreza y la represión dirigida a los manifestantes. "La situación es grave, y aunque estamos bajo un gobierno legal, en varios aspectos se asemeja a una dictadura", expresó.

Además, Carlotto denunció las barreras impuestas por el gobierno que obstaculizan la tarea de encontrar a los nietos desaparecidos durante la última dictadura cívico-militar. "Nos niegan el tiempo y los recursos necesarios. No hay apoyo económico ni interés en seguir adelante; parece parte de un plan para borrar la memoria histórica", denunció, resaltando la importancia de mantener viva la lucha por la verdad y la justicia.

Simultáneamente, se desarrollan manifestaciones en distintas partes del país. Recientemente, una magna asamblea de ciudadanos y trabajadores del Centro Cultural Haroldo Conti se congregó a las afueras del edificio histórico de la ex-ESMA, en reacción contra su inminente cierre.

La determinación del secretario de Derechos Humanos, Alberto Baños, de clausurar temporalmente el centro en enero, ha sido interpretada por muchos como precursor de un cierre definitivo, lo que ha encendido aún más las protestas, reflejando el descontento social creciente en Argentina.