Fallo histórico: condenaron a dos ex funcionarios judiciales por delitos de lesa humanidad
En un fallo histórico, el Tribunal Oral Federal de Neuquén condenó a 11 años de prisión efectiva a dos ex funcionarios judiciales que estaban imputados de omitir investigaciones sobre desapariciones o torturas cometidas durante la dictadura militar de 1976 – 1983, y de rechazar sistemáticamente los recursos de hábeas corpus que presentaban los familiares. Los condenados son el ex juez Pedro Duarte; y el ex fiscal Víctor Ortiz, ambos del fuero federal.
Fue la pimera vez en la historia de los juicios de lesa humanidad que la investigación llegó hasta las complicidades del Poder Judicial en aquel período oscuro de la historia argentina. El fallo condenó a los dos ex magistrados por garantizar la impunidad del aparato represivo al omitir las denuncias de desapariciones y rechazar recursos de hábeas corpus presentados por familiares de los detenidos para conocer su paradero.
El fiscal Miguel Ángel Palazzani destacó que el fallo atendió todas las demandas de la acusación, mientras la querella y los familiares celebraron el resultado.
Por su parte, el abogado de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, Marcelo Medriano, destacó que “este veredicto deja en evidencia el rol del Poder Judicial durante la dictadura como garantía de impunidad”.
Duarte fue condenado por ser considerado partícipe secundario en ocho casos del delito de “privación ilegal de la libertad cometida por funcionario público agravada por el empleo de violencia” en concurso ideal “con el delito de omisión de promover la persecución penal en carácter de autor” y de prevaricato.
Los casos que se tomaron son los de los secuestros de Orlando Cancio, José Delineo Méndez, Susana Mujica, Alicia Pifarré, Dario Altomaro, Miguel Ángel Pincheira, Javier Octavio Seminario Ramos, Oscar Alfredo Ragni, Arlene Seguel y Carlos Chaves.
Por otra parte, el ex juez fue condenado por la omisión de investigar y realizar la correspondiente persecución penal en 25 oportunidades, y por el delito de prevaricato en otras 17 oportunidades. Este delito se comete cuando una autoridad, juez u otro servidor público dicta una resolución arbitraria que es injusta y contraria a la ley.
En tanto, el ex fiscal Ortiz fue condenado como partícipe del delito de privación ilegal de la libertad cometida por funcionario público agravada por el empleo de violencia […] en concurso ideal con el delito de omisión de promover la persecución penal en carácter de autor”.
El tribunal Oral Federal estuvo presidido por María Paula Marisi, e integrado por Alejandro Silva y Sebastián Foglia. La fiscalía estuvo representada por Miguel Palazzani, Gabriela Shumacher, David Maestre y Juan José Cendagorta.